Cómo la red de Dalmases esquilmaba el dinero de la Diputació de Barcelona

Altos cargos de la Diputació de Barcelona, un director general de la Generalitat, un diputado y un empresario de Convergència son los principales protagonistas del último escándalo económico que salpica a las instituciones catalanas. La Operación Estela, en la que participan más de 500 agentes y que se desarrolla en varias localidades, trata de desmantelar una red de corrupción a través de la cual se habrían desviado, al menos, 2 millones de euros a gastos relacionados con el procés y a bolsillos privados.

La operación es la continuación de una primera investigación que se realizó en el año 2015 y que descubrió algunos desvío de fondos en las ayudas a cooperación internacional de la Diputación y que provocó poco después la dimisión del presidente de esta institución, Salvador Esteve.

La Udef siguió investigando la trama estos últimos dos años, hasta reunir pruebas que amplían aquellas primeras pesquisas. El principal implicado en la red es Francesc de Dalmases, diputado de Junts per Catalunya (JxCat). Este dirigente, junto a su socio Víctor Terradellas, uno de los primeros independentistas de Convergència, crearon las fundaciones Catmon e Igman Acción Solidaria, a través de las que presuntamente desviaban fondos públicos. Para materializar el desvío, utilizaban la imprenta Discatimat, con la que imprimían sus propias revistas, ONGC y Catalan International View. En todo este proceso, contrataban a familiares y amigos, a los que ponían a sueldo y a los que pagaban con los fondos públicos detraídos.

EL CURIOSO LETRERO

Hace pocos días, Discatimat colgó un curioso letrero en su puerta: “A la atención de los cuerpos de seguridad del Estado a las órdenes de fiscales, jueces, ministros y demófobos varios: Nos autoinculpamos de haber utilizado nuestras impresoras para producir carteles, papeletas y otros útiles democráticos. Igualmente, queremos informar que algunas cajas de esta oficina podrían ser utilizadas como urnas”. Y acompañaban el letrero con un banner en el que se lee: 1-Oct Referéndum d’autodeterminació de Catalunya. La Policía no tardó en llegar a su puerta. Y ahora deberán responder del supuesto desvío millonario de dinero de las arcas públicas.

La Fundación Catmon, además, recibió, en el año 2012, poco después de llegar Artur Mas al poder, una ayuda de 180.000 euros para editar su revista internacional. En los años 2015 y 2016, también recibió de Presidencia de la Generalitat 100.000 euros cada año para el mismo cometido.

La entidad Igman, por su parte, comenzó a recibir ingentes cantidades de dinero público a partir de 2011, justamente cuando Artur Mas llegó a la Generalitat: ese año se hizo con 195.000 euros para editar la revista ONGC y actualizar su web más otros 150.000 euros para un proyecto en Bosnia y otros 35.000 euros para el proyecto A Europa, fronteras de pau i amb pau.

LA AYUDA DE XAVIER TRIAS

En el 2014, se hizo con 48.000 euros para el proyecto Més enllà de l’Ebola: crisis i conflictes oblidats, y 20.000 euros más para editar su revista. Y en 2015, recibió, al menos, 40.000 euros para editar la revista y 82.000 euros más para el proyecto La emancipació de la dona bosniana en els entorns rurals com a factor de democratització local. Todas estas ayudas fueron otorgadas a través de Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), un organismo público que dependía de Presidencia de la Generalitat y más tarde pasó a la consejería de Exteriores. Asimismo, Igman recibió 20.000 euros de ayudas del Ayuntamiento de Barcelona en el primer trimestre del 2015, pero antes de las elecciones municipales y con Xavier Trias a punto de finalizar su mandato como alcalde.

La trama se completa con el responsable de Hacienda de la Diputación, Joan Carles García, que también es alcalde de Tordera, y con Jordi Castell, actual director general de Cooperación Local en la consejería de Gobernación pero que anteriormente había sido el director de relaciones internacionales de la Diputación. El papel de ambos sería el de colaboradores necesarios para otorgar las ayudas públicas y hacer luego la vista gorda ante las deficientes justificaciones de gastos.

MODUS OPERANDI

El modus operandi de la trama era muy sencillo: se fingía pagar por proyectos de cooperación internacionales pero, en realidad, el dinero

se destinaba a otros menesteres: una parte iba a gastos del proceso de independencia y el resto terminaba en las cuentas corrientes de los miembros de la trama. Los agentes buscan ahora la justificación de ingentes cantidades de dinero retirado en efectivo de las cuentas corrientes de las dos fundaciones mencionadas, que controlaban De Dalmases y Terradellas.

En ocasiones, el método para defraudar era chapucero: se copiaban informes o documentos encontrados en Internet para justificar proyectos supuestamente realizados. Y tan chapuceros eran los informes que ni se molestaban en eliminar detalles que denotaban que los documentos estaban extraídos de otros dossieres. Mediante los citados documentos, hacían ver que el dinero recibido de los responsables de la Diputación se había empleado en proyectos de colaboración (por ejemplo, canalizar el agua de un pueblo, o construir escuelas) en el Tercer Mundo, cuando en realidad los fondos no habían salido de España.

Una de las operaciones investigadas hace referencia a las ayudas otorgadas a un ayuntamiento de Costa Rica, cuyo alcalde se encontraba procesado por corrupción y prevaricación y al que se vinculaba con Johnny Araya, un candidato a la presidencia de Costa Rica financiado por el cártel de Sinaloa.

El juez encargado del caso es Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que ha estado presente en algunos de los registros efectuados y que requirió la presencia de dotaciones de los Geos de la Policía Nacional para evitar que grupos radicales bloqueasen la entrada a las dependencias donde se realizan los registros, como ocurrió el pasado 20 de septiembre en la sede de la consejería de Economía de la Generalitat.