Denuncia en Desokupa: "Tienen un policía para echar a familias"

Carlos y Luis (nombres ficticios) han trabajado en Desokupa durante el 2019 y 2020. Desempeñan funciones de vigilancia de edificios vacíos y también han intervenido en desahucios extrajudiciales en la provincia de Barcelona. Aseguran a Metrópoli Abierta que la empresa ha utilizado en, al menos, dos ocasiones a un agente de la Policía Nacional fuera de servicio para echar a okupas haciendo uso de su cargo. El acusado, según el relato de los trabajadores, amenazaba a los okupas con deportarlos si no abandonan el domicilio.              

“Les dijo que lo que estaban haciendo era un delito y que si no salían del piso los deportaría a Marruecos”, afirma Carlos, desde una céntrica terraza en Barcelona, sobre una de estas actuaciones que presenció acompañado del policía en un municipio del área metropolitana el octubre pasado. El policía, asegura, se encontraba a su lado durante el desalojo y presenció toda la escena.

UN MATRIMONIO CON CUATRO HIJOS

Según el relato de los acusadores, al día siguiente de los sucesos, los okupas, un matrimonio con cuatro hijos, pidieron más tiempo para recoger sus cosas. Les dieron 24 horas más y al tercer día el piso ya estaba vacío. Carlos recuerda que la mujer lloraba. Está convencido de que la familia ocupaba por necesidad. “No tenían a donde ir”, exclama.

Carlos y Juan señalan que en otro caso Desokupa se valió de este policía nacional para echar a un padre y un hijo marroquíes en una población del Maresme el pasado septiembre. Esta redacción ha intentado, sin éxito, contactar con el padre para conocer los detalles de este supuesto desalojo. En ambos casos, el agente rellenó una hoja oficial del Cuerpo Nacional de Policía con los nombres de las personas que viven en el piso. "Un paripé", según relata Juan. La placa siempre cumple con su función intimidatoria. "Todo el mundo accede a irse cuando la ven", aseguran estos empleados, quienes piensan que este método se habría repetido en más de 10 ocasiones.

PIONERO EN DESOKUPACIONES

Tres personas más, en este caso empleados de City Lock, una empresa hermana de Desokupa, también aseveran la existencia de este método. Esta entidad se dedica a la prevención de intrusiones en edificios vacíos en manos de grandes propietarios y está ligada estrechamente a Desokupa. Es habitual que empleados de una empresa trabajen para la otra y viceversa, alternando funciones de vigilancia con desahucios.

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Según figura en el registro mercantil, la dirección de City Lock es la misma que Dem Urbanas SL, administrada por Conciencia y Respeto SL, conocida comúnmente como Desokupa. La misma página web relaciona ambas denominaciones. Detrás de estas empresas se encuentra Daniel Esteve, pionero en España en abrir esta vía de negocio aprovechando el nicho de mercado al que se han sumado varias empresas durante los últimos años ante la subida de las okupaciones. El empresario ha negado a este diario reiteradamente las supuestas acusaciones. “Es absolutamente falso que nos acompañe un policía”, afirma a este medio.

COLABORACIÓN CON LA POLICÍA

Esteve sostiene que en la mitad de las intervenciones de Desokupa hay presencia de cuerpos policiales debido a la circunstancias especiales de cada caso. “Cuando monto un dispositivo en el que hay tráfico de drogas contacto con seguridad ciudadana (mossos), cuando hay personas ilegales contacto con extranjería (Policía Nacional) y si hay algún caso de yihadismo con Guardia Civil. Esa es la colaboración que hago con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, expone tajante. Esteve añade que incluso en alguna ocasión, “hemos utilizado contactos con la policía nacional y extranjería para regularizar la situación de las familias”.

Carlos y Juan son dos de los 10 trabajadores y extrabajadores de Desokupa y City Lock que también acusan a Esteve de deberles 200.000 euros en horas extras no pagadas y días de vacaciones no disfrutados. Esta redacción se hizo eco hace unos días de estas acusaciones. Los supuestos afectados están en vías de espera para presentar una demanda colectiva contra Dem Urbanas SL. De momento, no se plantean comunicar a un juez las acusaciones sobre el supuesto uso de un policía.

El CNP 'NUNCA' ACTÚA EN DESALOJOS

Un portavoz de la Policía Nacional en Cataluña asegura a este diario que la policía solo actúa en desahucios como policía judicial. Como excepción, como ha ocurrido en algún caso, ha participado en desalojos con inmigrantes ilegales implicados en algún delito siempre que lo requiera, eso sí, el cuerpo de Mossos d’Esquadra. Dicha afirmación concuerda con las justificaciones de Esteve de por qué había policía durante algunos de sus desalojos.

El portavoz señala que el cuerpo no tiene conocimiento de estas supuestos extorsiones a golpe de placa y recuerda que este cuerpo "nunca" actúa en desalojos porque no tiene competencia en esta comunidad. En el caso de las acusaciones de valerse de un agente fuera de servicio para intimidar a los ocupantes, el portavoz afirma: "Si alguien lo hace a nivel particular podría estar incurriendo en un delito de coacciones. Además se expondría a una infracción grave o muy grave del régimen disciplinario interno del cuerpo". Las consecuencias podrían ser la apertura de un expediente y en última instancia la suspensión de empleo y sueldo.

ABUSO DE DERECHO

"Un policía nacional o cualquier otro agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad no puede hacer esto. No puede acceder a un desalojo sin una orden judicial. Como policía judicial se rige por las órdenes de un juez", señala el abogado penalista barcelonés Carlos García.  La única manera de hacer un desalojo rápido, recuerda el letrado, es mediante el procedimiento de justicia rogada, por el cual la policía, eso es los mossos, podría desalojar a los okupas en un plazo de entre 24 y 48 horas como máximo.

De ser cierto la versión de estos cinco empleados, sigue García, el policía podría haber cometido un delito de abuso de derecho. “Estaría haciendo justicia por su parte, abusando de su placa y la autoridad que le confiere. No le compete y, dentro del cuerpo, podría enfrentarse a un expediente sancionador y a una inhabilitación”, sostiene.