Las okupaciones en Badalona se duplicaron en 2019

Badalona, la cuarta ciudad de Cataluña, tiene un reto llamado okupación. En los últimos tres años este delito se ha disparado con un pico alcanzado en 2019 cuando el municipio registró 632 ocupaciones ilegales en 2019, casi el doble que en 2018 cuando se detectaron 350. La urbe metropolitana de 220.440 habitantes refleja una tendencia al alza en los últimos años en Cataluña, con un incremento constante de estos hechos desde 2017.

Los datos a los que ha tenido acceso Métropoli Abierta indican las intervenciones de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra en casos de okupación desde 2016 hasta julio de 2020. Son casos en los que ha habido una denuncia, ya sea del propietario de la vivienda o de los vecinos, o actuaciones que la policía realiza de oficio cuando tiene constancia de la comisión de este delito leve contra el patrimonio castigado con penas de multa de tres a seis meses en caso de que la residencia no contituya morada.

FRENO DE PANDEMIA

El estado de alarma frenó los hechos delictivos que se intensificaron rápidamente a partir de mayo con 57 casos. Las 64 y 63 de enero y febrero, respectivamente, contrastan con las 36 de marzo, cuando el Gobierno prohibió la libre circulación de ciudadanos. Los policías contaron 49 en junio y 60 en julio. El total de intervenciones policiales durante este 2020 es de 350 y la previsión al finalizar el año es de 600 okupaciones, una cifra muy similar a la del año pasado.

A la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Badalona, Irene González, le preocupan unos datos que siguen subiendo a pesar de encontrarnos en una pandemia donde los movimientos deberían ser limitados. Los casos de familias vulnerables, señala, son una minoría. Destacan las "mafias que se han convertido en auténticos profesionales" y que habitualmente usan a familias con niños para evitar ser desalojadas.

En pleno debate jurídico sobre si jueces y policías disponen de herramientas suficientes para desalojar a los intrusos, la edil del Partido Popular apuesta por unificar criterios legales en España. "Me llama la atención que en Valencia y Baleares desocupen de manera rápida y que en otras comunidades no lo podamos hacer. Es una impotencia muy grande no poder hacer nada", afirma.  La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció el lunes que prepara una instrucción que proporcionará seguridad jurídica, aunque descarta reformas legislativas de calado.

DIRECTRICES CLARAS

Desde la Guardia Urbana de Badalona piden "directrices clares y homogéneas" para intervenir. "Nos facilitaría mucho el trabajo si pudiéramos desalojar a las personas que no demuestran que son las titulares de la vivienda", apunta Raúl Pérez, portavoz de SFP-FEPOL, el sindicato mayoritario en el cuerpo. En muchas intervenciones los okupas muestran contratos de alquiler falsos, simples fotocopias. Ahora es un juez el que debe decidir la validez de ese documento. Pérez propone que la policía tenga las competencias necesarias para decidir sobre la validez de estos supuestos contratos y desalojar de inmediato en los casos que lo requiera.

El sindicalista ha criticado este miércoles unas declaraciones del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que en una entrevista ha afirmado que en los últimos cinco años "no se ha actuado" para frenar las okupaciones. El representante de los urbanos cree que el edil "falta a la verdad" y pone en duda la profesionalidad de los agentes. "Jamás he recibido ninguna directriz para que no se actuara en contra de las okupaciones", explica Pérez, en referencia a los anteriores gobiernos municipales de Dolors Sabater primero (Guanyem Badalona) y Àlex Pastor después (PSC).

PROTOCOLO

Desde hace unos años, existe un protocolo de actuación entre la Guardia Urbana, la Fiscalía y el partido judicial de Badalona sobre las ocupaciones. Según esta regla, en casos de viviendas vacías o de entidades bancarias los agentes deben imputar el delito leve de usurpación, pero en ningún caso detener a los responsables. La regidora de Seguridad se muestra partidaria de que exista una "reacción" sobre el que comete un delito. "No hay que dejarlo ir", manifiesta.

González explica que Sant Roc y La Salut son los barrios que han registran más ocupaciones ilegales, pero recientemente los casos se extienden como una mancha de aceite por todos los barrios de la ciudad y ya no solo se concentran en esas zonas. Hasta 2018, la cifra se había estabilizado alrededor de las 300 okupaciones. En 2016 hubo 321 casos, en 2017 los policías cuentan 252 y el 2018 se detectaron 350.

FALTA DE VIVIENDA

El presidente de la Federación de Vecinos de Badalona (FAVBB), Julio Molina, destaca la importancia de las "causas" que originan las ocupaciones ilegales. "Existe pobreza habitacional y necesitamos un parque de vivienda de alquiler. Pero en ningún caso la okupación puede generar problemas a los vecinos", asegura el líder vecinal, que insiste en ir a la "raíz del problema". El pasado 16 de julio, Albiol cerraba un acuerdo con la Sareb o Banco Malo para destinar 220 pisos ocupados a alquiler social.

González subraya que esta vía es la indicada para dar solución a las familias más vulnerables y, así tener los pisos "controlados". La concejal popular asegura que los bancos "responden muy bien" cuando se produce una tentativa de okupación colocando rápidamente planchas y blindando las viviendas