La Generalitat ha aprobado este martes una ley que prevé suspender todos los desahucios durante el estado de alarma en pisos de grandes propietarios. El decreto obliga al titular de la vivienda a ofrecer un alquiler social a los inquilinos en "riesgo de exclusión residencial", como ha anunciado la portavoz del Govern, Meritxell Budó.
Esta ley no impedirá los desalojos en pisos con pequeños propietarios, por ejemplo, particulares. Para Budó, este decreto "rellena los vacíos" de la normativa estatal sobre esta cuestión y ha explicado que amplía hasta mayo de 2021 los plazos del Real decreto 30/2020 del Gobierno para interrumpir desahucios durante la pandemia.
PROTECCIÓN A LOS OKUPAS
Además ha reivindicado que el decreto de la Generalita extiende la protección a más colectivos vulnerables incluyendo a las personas que ya eran vulnerables antes de la pandemia, a diferencia del decreto del Gobierno, que "se limita únicamente a las familias afectadas por el impacto económico del Covid-19".
El decreto interrumpe los desahucios de personas que han ocupado un piso de un gran tenedor entre julio de 2019 y el inicio del actual estado de alarma, siempre que cumplan los requisitos de vulnerabilidad, de casos de extinción de contrato de alquiler con un gran tenedor, y de personas o unidades familiares vulnerables con dificultades para pagar las cuotas hipotecarias.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pedía el pasado 28 de octubre al ejecutivo de Pedro Sánchez una nueva moratoria para detener los desahucios. La edil, que defiende la okupación, ya reclamó esta medida al presidente durante el primer estado de alarma del pasado marzo, al inicio de la pandemia.
ACTUACIÓN DE MOSSOS
La iniciativa también detalla que, si Mossos y policías locales reciben una denuncia solicitando medidas cautelares por ocupaciones de viviendas por parte de familias y personas en riesgo de exclusión residencial, deberán pedir un informe a los servicios sociales competentes y comunicar esta petición al Ministerio Fiscal.
Budó considera que este decreto "no supone un parón generalizado de los desahucios", ya que la Generalitat no tiene competencias para eso. Por eso, ha reclamado al Gobierno que suspenda todos los desahucios durante el estado de alarma o que traspase esa competencia a la Generalitat. El decreto, ha añadido, no impide que los jueces puedan ejecutar los desahucios sin que el propietario ofrezca un alquiler social, pues el Govern no tiene competencias para eso. Sin embargo, ha anunciado que la Generalitat hará todo lo que esté en su mano.