El piso de Dani (nombre ficticio) tiene 74 metros cuadrados y está ubicado en el barrio Gòtic, en el corazón de Barcelona. Alquiló su vivienda durante 10 años, principalmente a jóvenes universitarios. En octubre de 2019 firmó un nuevo contrato con L.E, un hombre de unos 40 años que, aparentemente, le facilitó su DNI. Todo parecía estar en regla, como indicó el pago puntual de los primeros 1.100 euros del alquiler. El segundo mes, sin embargo, el dinero no llegó, y tampoco contestó las llamadas del propietario. El hombre se había esfumado y, a las pocas semanas, el piso de Dani se ofrecía como un magnífico apartamento de verano desde el portal Airbnb.
El dueño del número 14 de la calle Còdols es una de las últimas víctimas de las mafias del realquiler de viviendas: grupos criminales organizados que se dedican a alquilar pisos y a realquilarlos de manera ilegal como viviendas turísticas. Un año después de firmar el contrato, Dani no ha recuperado su piso. En su interior viven, al menos, dos chicos que pagan una cantidad determinada a L.E, o incluso a una segunda o tercera persona. Mientras, el supuesto delincuente, detenido el pasado 11 de julio, sigue cobrando un alquiler ficticio, a expensas de su legítimo propietario que paga desde hace un año los gastos de luz y agua de los inquilinos.
NUEVA OKUPACIÓN
En el piso hay mucho trajín de gente que sale y entra. Los habitantes se mueven en patinete eléctrico y son muy asiduos a pedir comida a domicilio. Los jóvenes son conscientes de que viven en un falso alquiler. Son, de algún modo, la otra cara de la okupación, personas que viven en una vivienda sin tener derecho a ello. En este caso, el origen de esta usurpación se encuentra en estas bandas organizadas que se ganan la confianza de los dueños y, en ocasiones, convierten su vida en un infierno.
Los vecinos cuentan que los jóvenes inquilinos, de entre 20 y 30 años, no causan demasiadas molestias. Cuando llegaron, sí protagonizaron momentos de tensión con los residentes cuando se quejaron que alguien había roto la conexión del agua en el portal. Vino un hombre que parecía tener autoridad sobre los jóvenes y amenazó a una vecina.
DENUNCIA
"Aquí no hay garantías jurídicas como en otros países como Estados Unidos o Inglaterra", se queja el dueño del piso, un sevillano de 76 años que reside en Mijas (Málaga). Primero interpuso una denuncia en la Guardia Civil de Málaga. Desde hace unos meses, el abogado de Barcelona Jordi Bombí sigue su caso.
El piso de Dani, en el número 14 de la calle Còdols / G.A
En enero de 2020, Dani puso una demanda por incumplimiento de contrato. Al no recibir respuesta en el juzgado de la parte acusada, el letrado amplió la demanda añadiendo a los "ignorados ocupantes". La previsión es que el juez ordene el desalojo en marzo de 2021.
Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional desarticularon el pasado 11 de julio a una banda dedicada al realquiler de pisos. Entre los detenidos se encontraba el falso inquilino de la calle Còdols. Hacía tiempo que los agentes le pisaban los talones a L.E, investigado por delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. El diario La Vanguardia explicaba las dinámicas de este grupo, integrado por ucranianos y españoles, conocidos como los Rusos. Se creían intocables por su supuesta insolvencia hasta que se dieron de bruces con la realidad cuando los policías les pusieron los grilletes.
1.200 EUROS EN LUZ Y AGUA
Dani sospecha que las investigaciones policiales forzaron a este estafador a cambiar la modalidad del fraude. Dejó de ofrecer el piso en Airbnb y realquiló la vivienda a terceros. Quizá fue la caída de turistas impuesta por la pandemia la razón que forzó a este presunto delincuente a adaptarse. El dueño ha pagado de su bolsillo unos 1.200 euros en gastos de agua, luz y gas. Los ingresos perdidos durante 12 meses alcanzan los 13.200 euros. De momento, se resigna a esperar un desahucio que se alarga en el tiempo. "Todavía no sé cuanto me costará arreglar el piso, porque no se lo que me voy a encontrar", lamenta.
Bombí señala que si el dueño intentara recuperar el piso por la fuerza correría el riesgo de cometer un delito de coacción. El contrato de alquiler, dice, no se puede dar de baja y debe ser un juez el que lo haga. Dani se queja de que un hombre de su confianza avisó a la policía cuando sospechó que el tal L.E realquilaba su piso, pero afirmó que los agentes "no hicieron nada".