Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Llinars del Vallès han detenido este sábado a dos supuestos organizadores de la fiesta ilegal de fin de año en una nave abandonada en la localidad barcelonesa. Están acusados de desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad. Los agentes investigan a otras cinco personas.
La policía continua el desalojo de los asistentes a la rave, un tipo de fiesta electrónica que suele alargarse durante varios días. En este caso, el agravante es que ha tenido lugar en plena pandemia y sin respetar ninguna de las medidas sanitarias decretadas para frenar el coronavirus, que estos días avanza rápidamente en Cataluña.
IDENTIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES
Los detenidos de esta fiesta ilegal se someterán a las preguntas de un juez en las próximas horas. Los agentes han levantado una acta administrativa contra los responsables de la juerga por una infracción "muy grave". La sanción puede ascender hasta los 600.000 euros.
Centenares de personas han participado en esta fiesta que empezó durante la noche del 31 de diciembre. Los Mossos han identificado a todos los asistentes que se enfrentan a sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros. La policía ha realizado controles de alcoholemia en la salida del recinto a los conductores. Algunos incívicos, muchos procedentes de países extranjeros como Francia, han logrado sortear el cordón policial huyendo por caminos secundarios.
CRÍTICAS AL GOVERN
La gestión del Departamento de Interior, que evitó poner fin a la fiesta durante el 1 de enero, ha provocado las críticas de algunos sectores. El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha reprochado la "manga ancha" de la Generalitat con la fiesta, mientras sí sanciona a la "gente normal". El departamento que coordina a los Mossos y Salud se han responsabilizado mutuamente por no haber actuado antes.