Los Mossos d'Esquadra han denunciado a 215 asistentes a la rave (fiesta electrónica) en una nave abandonada en Llinars del Vallès (Barcelona). El consejero de Interior, Miquel Sàmper y el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, han explicado en una rueda de prensa que los asistentes eran de nacionalidad española (100), francesa (35), italiana (10), andorrana (3), austriaca, holandesa y luxemburguesa. Trapero ha cifrado el número de participantes en unos 300.
La policía ha desalojado este sábado la fiesta ilegal de fin de año tras 40 horas de fiesta. Durante la operación, los agentes han detenido a dos supuestos organizadores de la juerga: una chica holandesa de 29 años y un joven de Tarragona de 22 años, acusados de desobediencia grave. También investigan a otras cinco personas.
PRUEBAS DE ALCOLOHEMIA
Los 61 test de alcoholemia realizados a los asistentes han dado negativo. Solo una prueba de drogas ha tenido un resultado positivo. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha levantado 30 actas por documentación caducada e inspección técnica del vehículo caducada.
Dipositivo policial en los alrededores de la fiesta ilegal de Llinars / EFE
Trapero ha explicado que el operativo arrancó la noche del 31 de diciembre, cuando había unas 300 personas en la nave, y que en él participaron unos 200 Mossos y policías locales de Llinars. El jefe de la policía catalana ha dicho que la "detección" de la fiesta podría haberse realizado antes y ha añadido que el dispositivo sigue buscando al propietario de la nave abandonada.
INTENTOS DE MEDIACIÓN
La policía de Llinars intentó mediar con los asistentes en la noche del 31 de diciembre y los Mossos lo intentaron el viernes por la tarde y este sábado por la mañana. "Nadie ha tenido una actitud de facilitar el final de este ejercicio de irresponsabilidad", ha lamentado, por lo que este sábado los efectivos de orden público han entrado y han sacado a los asistentes, en el marco de un operativo que se ha saldado sin más incidentes, ha destacado Trapero.
El Departamento de Interior ha elevado una consulta a la Fiscalía por si los hechos pueden considerarse constitutivos de un delito contra la salud pública, además de infringir las medidas contra el coronavirus.