La Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco años de cárcel a un manifestante independentista por participar en un boicot contra el sindicato policial Jusapol en septiembre de 2018, en una causa en la que la Generalitat mantuvo su acusación por un delito de atentado a la autoridad.
En su sentencia, la sección 21 de la Audiencia Provincial considera a Marcel Vivet culpable de un delito de desórdenes públicos, otro de atentado a agente de la autoridad y un tercero leve de lesiones por haber "roto" con su actuación "las costuras de los derechos fundamentales de reunión y manifestación".
Los hechos se remontan al 29 de septiembre de 2018, cuando el procesado –que formaba parte de Guanyem Badalona en Comú, la lista cupaire Dolors Sabater– acudió a una contramanifestación en protesta por una concentración de Jusapol, que se celebraba paralelamente y con la que pretendían imitar la fiesta india holi, en la que se arrojan polvos de colores y que habría "dificultado" la visión de los agentes del cordón policial. La sentencia recoge también que les tiraron "botes, botellas y otros objetos contundentes".
En ese momento –continúa la sentencia–, Vivet habría golpeado el brazo de un agente –al que tendrá que indemnizar con 1.512 euros– con el palo de una bandera.
LOS POLICÍAS Y LA AUDIENCIA DEFIENDEN QUE HUBO VIOLENCIA
La sala también da por válidas las declaraciones de los policías que testificaron en el juicio, que se celebró el pasado febrero, según los cuales la manifestación "estuvo marcada por la violencia" con "insultos y amenazas", a diferencia de lo alegado por el procesado, que asegura que había "un talante absolutamente pacífico, donde los colores, los bailes y cantos eran los protagonistas".
En cambio, para la Audiencia, "la proyección de pintura acrílica y polvos de colores fue más propia de las técnicas de guerrilla urbana" puesto que dificulta la visión de los agentes, que quedan con el rostro descubierto una vez se quitan la visera.
LA GENERALITAT, PARTE DE LA ACUSACIÓN
El caso de Vivet levantó polémica porque la Generalitat decidió mantener sus cargos a pesar de que en noviembre el entonces conseller de Interior, Miquel Sàmper, había anunciado un acuerdo para dejar de ejercer la acusación por delitos de atentado a la autoridad contra los detenidos en manifestaciones como la del holi en Via Laietana, un compromiso que todavía no se ha concretado.
De hecho, la decisión del ejecutivo de forzar la suspensión del juicio, inicialmente marcado para el pasado diciembre y aplazado hasta después de las elecciones catalanas del 14F, generó controversia, puesto que la defensa lo interpretó como una "maniobra" para no "comprometer" al Govern de JxCat y ERC de cara a los comicios, que han llevado a un nuevo gobierno independentista, esta vez liderado por los republicanos.