Los Mossos d'Esquadra han detenido a la presidenta y a otros dos miembros de la dirección ejecutiva de la Fundació CIBI, una entidad benéfica para niños vulnerables con cáncer, acusados de haber estafado cerca de un millón de euros mediante el desvío de fondos recaudados por la entidad.

Los detenidos, miembros de la misma familia que la presidenta, están acusados de desviar fondos recaudados para apoyar a familias de menores con cáncer en situación de exclusión social.

La causa, que investiga el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, pretende aclarar si los imputados desviaban las aportaciones recibidas, destinadas a obra social, para su propio beneficio, un esquema con el que se habrían embolsado casi un millón de euros.

UN MILLÓN DE EUROS ESTAFADOS

El jefe de la unidad de investigación de Sant Martí, Xavier Pereta, ha explicado que la entidad recaudó ese millón de euros en cuatro años a través de micro-donaciones depositadas en las 12.000 huchas que tenía repartidas. Los detenidos, que supuestamente sustituían las huchas de otras fundaciones por las suyas, solo destinaron a ayudar a niños unos 4.000 euros del millón recaudado, ha añadido Pereta.

Material incautado por los Mossos d'Esquadra / MOSSOS D'ESQUADRA



INVESTIGACIÓN

Los Mossos creen que la actividad ilícita comenzó cuando un clan familiar de origen venezolano constituyó la Fundación CIBI e inició una relación socio-comercial con otras asociaciones del mismo sector.

Esta fundación tenía repartidas por comercios de todo el país unas 12.300 huchas para recoger donativos con los que teóricamente llevaban a cabo las campañas de ayuda a niños con cáncer y a sus familias.

No obstante, la policía ha podido determinar que, entre 2017 y 2020, los investigados habrían recaudado cerca de un millón de euros en donaciones y aportaciones, de los cuales sólo destinaron 4.000 a obra social, es decir, el 0,47% del total.

LIBERTAD CON CARGOS

En el marco de la investigación, el pasado lunes se llevaron a cabo varias entradas y registros en domicilios y locales, entre ellos la sede de la fundación, así como las viviendas de los imputados, a excepción de uno, que se encuentra en paradero desconocido, probablemente fuera de la Unión Europea.

La magistrada instructora y la Fiscalía han decretado medidas cautelares sobre el patrimonio de la fundación, cuyas cuentas corrientes han sido bloqueadas, y se han suspendido las actividades provisionalmente. Los tres directivos detenidos pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos y la prohibición de abandonar el país.

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