I.L. nunca imaginó que la venta de su piso en el paseo de la Verneda le supondría adentrarse en un auténtico infierno, con denuncias a la policía y un proceso judicial en marcha en los juzgados de Barcelona. La mujer denuncia a Metrópoli Abierta una estafa por parte del administrador de una oficina del Grupo Tecnocasa en el barrio de la Verneda i la Pau de la capital catalana. Un viacrucis de más de dos años que ha afectado a su vida personal, con episodios de ansiedad, una baja laboral de más de dos meses y préstamos bancarios con altos intereses a devolver. El empresario investigado, Gabriel Valdez, rechaza todas las acusaciones y argumenta que el juez ha archivado dos veces el caso. La abogada de la denunciante aclara que solo ha habido un archivo y una posterior reapertura del caso.
El pasado mes de octubre esta enfermera se mudó a su nuevo piso de la calle de Cantàbria junto a su marido y sus dos pequeñas. Afirma que, por el camino se han perdido 32.900 euros a través de la franquicia de Valdez que jamás recuperó y reclama una indemnización de más de 50.000 euros por el supuesto daño causado (económico y personal). El administrador niega la mayor, asegura que le devolvió todas las arras y argumenta que I.L lo denunció porque no quería pagar el 10% de los honorarios de la oficina por las operaciones realizadas.
PISO DE PROTECCIÓN OFICIAL
El caso se remonta al febrero de 2019 cuando I.L acude a una franquicia de Tecnocasa ubicada en la Rambla Prim, 202, –una empresa llamada Estudio Sant Martí 2011 S.L.– y pone a disposición su piso de protección oficial de 60 metros cuadrados para venderlo. También acuerda con su administrador la compra de un nuevo piso para mudarse con su familia, adquisición que realiza ese mismo mes firmando una compraventa con la propietaria de una vivienda en la calle de Cantàbria. El comprador depositó 32.900 euros entre abril y mayo en forma de arras a través de la franquicia.
La mujer reclamó el dinero durante unos seis meses, un capital que, en ese momento, le era indispensable para costear la compra de su futura casa. Relata que solo recibió largas y excusas por parte de Valdez. El 16 de septiembre del mismo año, y asistida con una abogada, decide denunciar al empresario a los Mossos d’Esquadra por un delito de apropiación indebida. "En un día pasó de estar contenta a pedir todas las arras. Llevo más de 10 años en el sector y me he encontrado casos similares. El motivo era que no quería pagarnos los honorarios, pero cuadramos las arras y se las dimos", justifica el agente inmobiliario.
VERSIONES OPUESTAS
La denunciante ofrece otra versión. Dice que nunca recuperó el dinero y que se vio atrapada en medio de una compraventa, sin los 32.900 euros que necesitaba para su nueva vivienda. Comprador y vendedora le presionaban y le daban 15 días para que moviera ficha: el primero quería el piso y la segunda le urgía venderlo. De lo contrario, I.L se vería abocada a pagar una alta cantidad de dinero al comprador por incumplir el contrato y quedarse sin su futuro piso, en el que ya había iniciado unas obras de mejora. “Estaba obligada a vender y no podía comprar porque no tenía los 32.900 euros. Me veía en la calle con mis dos niñas”, relata. Finalmente, gracias a un acuerdo con la vendedora, pudo acceder al piso en octubre de 2019, después de conseguir una prórroga.
El grupo Tecnocasa ha evitado hacer declaraciones sobre el caso. Fuentes de la empresa señalan que cada franquicia constituye una empresa jurídica individual. En su página web, la compañía informa que las sociedades franquiciadas “no forman parte del grupo empresarial Tecnocasa”. I.L denuncia que cuando contactó con el departamento de atención al cliente, la empresa se lavó las manos, señalando que no se hacía responsable de nada porque, al tratarse de franquicias, nada tienen que ver con la central.
LAS ARRAS
Valdez explica que la operación de venta de la vivienda de I.L conllevó "mucho trabajo" por la característica de vivienda, que era de protección oficial. También argumenta que la cliente autorizó a retener las arras.
Viviendas en el barrio de la Pau i la Verneda / GUILLEM ANDRÉS
En enero de 2020, el empresario declaró en sede judicial que no se había quedado nada y avanzó que presentaría una liquidación. Lo hizo mediante cuatro facturas que sumaban 23.200 euros (sin IVA) y con una transferencia de 2.628 euros y 2.000 euros sin justificar correctamente. El gestor argumentó que corresponde a los trabajos por los que le contrató la denunciante: la búsqueda de un comprador para su piso y su plaza de párking y la localización de un nuevo piso en Sant Martí y una nueva plaza de aparcamiento. La supuesta víctima de esta estafa respondió que las dos facturas relativas a las plazas de párking son falsas, pues se trata de operaciones “que nunca se llevaron a cabo” y acusa al gestor de otro delito, el de falsedad documental.
OFERTA DE UN PACTO
"Está todo debidamente justificado y acorde a la legalidad. Se aportaron las facturas correspondientes", explica el empresario que lamenta las "difamaciones" en las redes sociales. I.L explicó el caso en grupos vecinales de Facebook y recibió decenas de mensajes de posibles afectados y extrabajadores del grupo descontentos con la manera de operar. Algunos responsables de franquicias del distrito de Sant Martí le pidieron que retirara su mensaje de denuncia porque les estaba perjudicando, llegando a anunciar demandas contra los administradores de estos grupos.
La denunciante ambién recibió amenazas por teléfono por parte, dice, de la mujer del administrador. Sostiene que, como venganza, intentó socavar la imagen del restaurante del marido de la víctima con reseñas negativas inventadas en el portal TripAdvisor.
ARCHIVO Y REAPERTURA DEL CASO
El juzgado de instrucción nº11 de Barcelona dio la razón, en un primer momento, al empresario que argumentaba que el conflicto se basaba en una “discrepancia” sobre los “honorarios” del administrador inmobiliario y la calidad del servicio, y situó el enfrentamiento entre ambas partes en la vía del procedimiento civil, en lugar del penal. Sin embargo, tras recurrir el archivo, la Audiencia de Barcelona ordenó al juez el pasado octubre que siguiera investigando al sospechar que podría haberse cometido un delito de apropiación indebida.
Plazoleta de edificios en la calle Concili de Trento / G.A
La Audiencia avisó que el empresario aportó facturas “que no se corresponden con el encargo ni trabajo realizados” y que tampoco está “legitimado para retener y liquidar las arras por la venta de la vivienda”. Los tres magistrados aseguran en el auto que el importe de las arras “debió quedar a disposición de la vendedora en la medida en que vendría a formar parte del precio de la compraventa”.
EL 'ESTAFADOR', DESPEDIDO
La víctima de esta supuesta estafa cuenta que el viernes, 23 de abril, el Grupo Tecnocasa comunicó a las franquicias de la zona de Sant Martí que el administrador implicado ya no trabaja con la compañía, una afirmación que también señalaban fuentes de la empresa el mismo día. La empresa Estudio Sant Martí 2011 ha desaparecido de Google y la agencia inmobiliaria que aparece en la dirección de la oficina se lee "cerrado permanentemente".
Valdez lo niega. Dice que sigue trabajando para la marca, aunque está pensando abandonarla. Admite que siente cierto "desapego" con el grupo después de lo sucedido. "No han actuado de manera correcta". Asegura que Tecnocasa le pidió que accediera a pagar los 50.000 euros que pedía la mujer. "Yo me negué, no era la forma de proceder. Si a nivel legal un cliente no tiene razón, no entiendo que se acepte el chantaje", defiende.
La abogada de I.L, Noa Elíes, se está planteando demandar a la matriz del Grupo Tecnocasa como responsable civil subsidiaria “porque se beneficia de la actividad de sus franquiciados”. La letrada defiende a otro cliente afectado por otro supuesto engaño de otra franquicia y cuenta, al menos, cinco casos más de otros afectados por oficinas de la marca en Barcelona.