Fiscalía ha mantenido este jueves la petición de nueve años de prisión para la exjefa de la asesoría jurídica del distrito, Elena Ariza, en el juicio por presunta corrupción en la tramitación de licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella.
En el trámite de informes finales, la fiscal ha asegurado que Ariza era "la pieza clave que tenían en el distrito de Ciutat Vella para seguir actuando en la forma que habían orquestado", presuntamente cobrando entre 150 y 450 euros por agilizar la tramitación de expedientes de licencias. Estos permisos se volvieron necesarios a raíz de una regulación del Ayuntamiento sobre los pisos turísticos en el distrito, que prohibía abrir nuevos apartamentos turísticos pero permitía que continuaran los que ya había si tenían una licencia municipal.
La fiscal ha expuesto que, como jefa de los servicios jurídicos, Ariza "pasó a tener el control absoluto de la situación".
CAUSA CONTRA CUATRO PERSONAS
La sección 10 de la Audiencia de Barcelona juzga esta causa que empezó con una veintena de acusados pero que, tras diferentes acuerdos entre defensa y Fiscalía y retiradas de acusaciones, ha seguido contra cuatro personas.
De éstas, una técnica ha quedado absuelta este jueves porque la Fiscalía y la Generalitat han retirado la acusación. La fiscal también ha retirado parte de la acusación a un técnico enjuiciado.
Los acusados que pactaron con la Fiscalía han reconocido los hechos a cambio de rebajar las condenas, y este jueves la fiscal ha dedicado parte de su discurso a argumentar que, además de sus declaraciones inculpatorias, hay pruebas como grabaciones de llamadas que confirman su acusación.
AMENAZAS
Las defensas de la exconcejal de Ciutat Vella, Itziar González, y de la técnica, Lourdes Conesa,-que denunciaron la trama en el distrito y sufrieron amenazas por hacerlo- han pedido que la sentencia las reconozca como alertadoras de corrupción.
El abogado de González, Benet Salellas, también ha pedido al tribunal que remita testimonio al Ayuntamiento de Barcelona para valorar si la administración debe indemnizarla por haber dejado su cargo a causa de las amenazas que recibió.
Los acusados de amenazar a González y a Conesa han cerrado un acuerdo con la acusación, en el que han reconocido los hechos y han justificado que lo hicieron para que dejaran sus responsabilidades en el distrito.