El concejal del distrito de Gràcia, Eloi Badia, declarará como investigado por malversación y prevaricación en la cesión del local okupa Tres Lliris ubicada a unos metros de la plaza de Lesseps. Un grupo de vecinos afectados por las molestias generadas por las fiestas localizadas en esta antigua comisaría de policía llevará al regidor de Barcelona en Comú a los tribunales.
El Juzgado de Instrucción Número 27 de Barcelona también ha citado a declarar a otros cuatro cargos municipales, según avanza este miércoles El País. La querella responde a un convenio de cesión de usos firmado en septiembre de 2017 y renovado en varias ocasiones entre el Ayuntamiento de Barcelona y la asociación de Joves de Gràcia. El local es de titularidad municipal y los residentes aseguran que, según la ley, la adjudicación se debería haber hecho con una subasta o concurso, pero nunca de forma directa. Badia firmó la propuesta de acuerdo y la elevó a la comisión de gobierno del consistorio.
PROBLEMAS DESDE 2016
Los problemas con este edificio okupado vienen de lejos. Desde 2016, los vecinos han denunciado en numerosas ocasiones los episodios de fiestas y la suciedad en los alrededores del recinto. Durante la pandemia se celebraron varias fiestas sin las restricciones obligatorias para evitar los contagios. Los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra desalojaron el local en una ocasión.
El presidente de Tersa y regidor de Emergencia Climática, Eloi Badia / EUROPA PRESS
Los vecinos presentaron una denuncia a la fiscalía que fue archivada. El ministerio público descartó "pasividad" por parte del consistorio ante la tardanza en responder las quejas, pero sí admitió cierta "lentitud" por parte del gobierno de Ada Colau. Badia defendía hace unas semanas que este colectivo representa "una entidad juvenil como cualquiera".
El auto del juez asegura que la "voluntad decisoria" para entregar el local a los jóvenes okupas "estaba torcida de inicio". El magistrado entiende que se podrían haber eludido los controles con fines "exclusivamente políticos e ideológicos" en perjuicio del erario público.
EL 'CASO TERSA'
El Ayuntamiento y la entidad pactaron un alquiler social de 550 euros, pero "no hay constancia de que haya sido abonado", sigue la querella, que apunta a cuatro cargos públicos más: el gerente de Gràcia Pere Camps, el jefe de servicios jurídicos, Rufino García, el director de servicios a las personas, José María Raya; y la gerente del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación, Maria Àngels Mira.
No es la única investigación abierta contra Badia. Recientemente, un juez de Badalona ha admitido a trámite otra querella de la Fiscalía por la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a raíz del funcionamiento de la planta gestionada por la empresa pública Tersa.