Un agente de la Policía Nacional en una operación contra la distribución de pornografía infantil / POLICÍA NACIONAL
Condena de 240 años de cárcel para el líder de una red de pornografía infantil
El condenado constituyó una sociedad en Barcelona en 2002 y nueve años más tarde fijó su residencia en Tortosa
30 agosto, 2022 21:25Noticias relacionadas
La Audiencia de Tarragona ha condenado a 240 años de prisión al líder de una red de pornografía infantil por delitos de difusión de material pornográfico y captación y uso de menores para la elaboración de material pornográfico, entre otros, y a indemnizar con 315.000 euros a 18 de las víctimas.
La sentencia también condena a 19 años de cárcel a otro integrante de la red por captación y uso de menores para la elaboración de material pornográfico e integración en grupo criminal.
SOCIEDAD EN BARCELONA
El líder de la red constituyó, en mayo de 2002, una sociedad en Barcelona para la comercialización de revistas y cintas por correo "de la que hacía uso para proceder a elaborar reportajes fotográficos y audiovisuales de carácter sexual con menores de edad y a su distribución a través de correo postal y mediante Internet", según indica el escrito.
En 2011, el principal acusado cambió su lugar de residencia de Barcelona a Tortosa (Tarragona), y el otro condenado participó en la elaboración de algunos de los reportajes fotográficos y audiovisuales de carácter sexual con menores de edad que acudían al domicilio.
La sentencia señala que durante el periodo comprendido entre 2002 y el 29 de mayo de 2015, cuando se detuvo a los dos acusados que se disponían a viajar a Málaga, llevaron a cabo conductas "destinadas a contactar con jóvenes de edades comprendidas entre los 11 y 17 años que se encontraban en situación de precariedad o dificultad, convenciéndoles mediante el ofrecimiento de pequeñas cantidades de dinero o regalos, para que participaran en la elaboración de reportajes fotográficos y audiovisuales en los que los acusados les hacían posar desnudos".
TRES MILLONES DE ARCHIVOS
En los registros en domicilios se intervinieron dispositivos que contenían más de tres millones de archivos gráficos con contenidos de pornografía infantil de origen diverso.
