El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga a una juez de instrucción de Barcelona a raíz de la querella por prevaricación que presentó contra ella un secretario judicial. Al letrado lo ordenó detener, cuando estaba en un hotel de vacaciones, por no pagar una multa de 150 euros.
En un auto, el alto tribunal acuerda admitir a trámite la querella y cita a declarar como investigada a la juez, que según el secretario ordenó detenerle tras declararlo insolvente, sin averiguar antes si tenía dinero en sus cuentas y sin proceder al embargo de las mismas, como es preceptivo.
Un juez dicta sentencia golpeando con el mazo / EFE
DETENCIÓN EN LA PALMA
El letrado de la administración de justicia fue detenido el 24 de agosto pasado por la Guardia Civil en un hotel de La Palma en el que pasaba las vacaciones junto a su familia. Posteriormente, se le condujo a un juzgado de instrucción de la localidad de Santa Cruz, a raíz del auto dictado por la juez investigada.
Según la querella, la juez había declarado el "ignorado paradero" del secretario, pese a que este había facilitado dos correos electrónicos para que le enviaran las comunicaciones relacionadas con la multa impuesta, había entregado la dirección de su domicilio habitual y trabaja en un juzgado de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, apenas a 50 metros de la oficina de la magistrada.
CONDENADO POR UNA MULTA LEVE
El secretario, representado por el bufete Lealta Abogados, había sido condenado en febrero de 2021 al pago de 150 euros de multa por un delito leve de coacciones cometido en un conflicto vecinal, sentencia contra la que presentó recurso de apelación, cuya admisión a trámite le fue correctamente notificada.
Sin embargo, añade la querella, posteriormente no recibió ninguna comunicación sobre la sentencia de la Audiencia que confirmaba la condena ni sobre su ejecución y tampoco se le requirió el pago de ninguna multa en los dos correos electrónicos que había facilitado al juzgado a efectos de notificaciones.
"IGNORADO PARADERO"
Tres meses después, la juez investigada, titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, dictó el auto que motivó la detención, en el que declaraba el "ignorado paradero e insolvencia" del secretario judicial y ordenaba su "búsqueda, detención e ingreso en prisión para cumplir la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa por valor de 150 euros".
La querella sostiene que las afirmaciones del auto eran "totalmente falsas": el secretario residía en el domicilio designado en el juzgado, se le podía localizar fácilmente en el juzgado donde trabaja y mantenía abiertos los correos electrónicos, por lo que desconoce los motivos por los que no recibió las notificaciones sobre la sentencia como las anteriores diligencias. Además, recalca que no se le puede considerar insolvente, porque cuenta con suficientes ingresos en sus diversas cuentas corrientes, y recuerda que para aplicar la responsabilidad penal subsidiaria -que prevé el ingreso en la cárcel de las personas que no paguen una condena a multa- "es necesario agotar las vías de cobro", investigar el patrimonio y utilizar la "vía de apremio" y embargo de cuentas.
Sala de un juicio por violación en una imagen de archivo / TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (TSJC)
JUEZ SUSPENDIDA
En 2003, la juez investigada ya fue suspendida de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por un período de tres años, por una falta muy grave de desatención o retraso injustificado en la tramitación de procesos judiciales.
Según consta en el expediente disciplinario de esa sanción, la juez se limitaba a practicar las diligencias acordadas a iniciativa propia del personal del juzgado, además de todas las solicitudes planteadas por las partes, y firmó mandamientos de libertad en blanco, que no llegaron a utilizarse.
El bufete Lealta Abogados que ha presentado la querella, un despacho de Barcelona especializado en derecho penal y penitenciario, ha considerado "paradójico" que el CGPJ haya archivado en esta ocasión la denuncia del letrado, al no apreciar responsabilidad disciplinaria de la magistrada.