Una mujer acepta una condena de la Audiencia de Barcelona a un año de cárcel –que no cumplirá a condición de no reincidir y de seguir un programa de tratamiento– y una multa de 900 euros por un delito de odio al difundir 'fake news' sobre menores migrantes.

La acusada ha reconocido que en junio de 2019 compartió en Twitter un vídeo de menores en un aula en el que gritan, lanzan papeles a la profesora y, burlándose de ella, tumban mesas y sillas, y afirmó que se trataba de un centro en España, cuando las imágenes habían sido grabadas en Brasil.

PROGRAMA DE REINSERCIÓN

"Mando vídeo de un centro educativo para emigrantes ilegales. Mirad cómo agradecen nuestra acogida", dijo la mujer al compartir las imágenes, pero a raíz de una denuncia de la Síndica de Greuges de Barcelona, la investigación judicial constató que el vídeo fue grabado en Brasil.

Tras un pacto de la defensa y la Fiscalía, la mujer ha sido condenada a un año de cárcel por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, pero no entrará en prisión a condición de que no reincida en los próximos dos años y de que siga un programa de tratamiento y reinserción sobre igualdad.

La sentencia de la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona es firme desde este mismo martes porque, tras el acuerdo, defensa y Fiscalía han renunciado a recurrirla, y también incluye cinco años de inhabilitación para trabajar en el ámbito docente.

LA FISCALÍA

La Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona pedía dos años de prisión para la mujer. Además de la petición de cárcel, el fiscal Miguel Ángel Aguilar reclamó una multa de unos 6.500 euros –18 euros diarios durante un año– "con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago" y una inhabilitación de cinco años para trabajar en el ámbito educativo, deportivo o durante el tiempo libre.  

El fiscal entendió que con la difusión del "impactante" vídeo y el texto enlazado, la acusada quería, "con manifiesto desprecio a la verdad y de forma masiva e indiscriminada entre todos los potenciales usuarios de la red social Twitter, asociar un comportamiento violento en las aulas con todos los menores no acompañados procedentes de otros países que vienen a nuestro país, todo ello con el fin de difamarles, asociándoles de forma generalizada con actos incívicos, violentos y de falta de respeto a la autoridad del profesorado desprestigiándolos con ello y contribuyendo de esta forma a despertar, potenciar o aumentar entre la población prejuicios y estereotipos contra este colectivo de personas, especialmente vulnerables".

SEGUNDA CONDENA POR 'FAKE NEWS'

Este caso supone la segunda condena por difusión de noticias falsas en la provincia de Barcelona, después de que en noviembre de 2022 la misma audiencia condenara a un guardia civil por difundir otro video en Twitter en el que atribuía una violación a menores migrantes ilegales en España que en realidad había ocurrido en China. 

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