Este martes por la mañana han desalojado a la okupa de la histórica estación de Rodalies de Sant Feliu de Llobregat. Tal como ha narrado a Metrópoli la activista Andrea J. Meseguer, se trata de un desahucio “completamente ilegal”. “Me he encontrado el panorama montado sin previo aviso”, lamenta a este medio.
Este espacio lleva okupado desde junio de 2023, hace seis meses, cuando Meseguer se instaló en el edificio principal de la estación en señal de protesta por su inminente derribo. La okupa asegura que en ningún momento ha sido notificada sobre el desalojo y cree que se trata de una orden judicial ilegal, ya que el documento “está lleno de defectos de forma”.
A recomendación de su abogado, han intentado reunir a varias personas a contrarreloj para entrar a la fuerza y evitar la actuación de los Mossos d'Esquadra, pero tan solo han conseguido reunir a poco más de 25 personas. “Los policías eran unos 15 hombres fuertes y nosotros, gente mayor y niños. No hemos podido hacer nada y estamos valorando qué acciones tomar al respecto, porque lo que ha pasado hoy no es legal”, relata Meseguer.
La antigua inquilina cree que el siguiente paso que Adif llevará a cabo es el derribo de la estación, unos trabajos que llevan posponiéndose más de seis meses a causa de la okupación del edificio, que tiene más de 169 años de historia.
REIVINDICACIÓN HISTÓRICA
El soterramiento de las vías de la estación de tren de Sant Feliu es una de las reivindicaciones vecinales más antiguas del municipio. Pese a su alto valor patrimonial, con los años la supresión de su paso a nivel se ha convertido en una necesidad para sus vecinos, que desde hace décadas tienen dividida la ciudad en dos, además de suponer un peligro para ellos.
En 2018, el estado español decidió desencajar el proyecto. El presupuesto del soterramiento de las vías sobrepasa los 100 millones de euros, a los que hay que añadir los casi 10 millones que costará soterrar la antigua estación. Es uno de los proyectos más complejos de la historia ferroviaria española que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Adif, espera acabar en un plazo de cuatro años.