Agentes de la Policía Nacional /EP
Cae en Barcelona una red que cobraba hasta 2.000 euros a inmigrantes por contratos de trabajo falsos
La Policía Nacional detiene a los responsables de una asociación con sede en Les Franqueses del Vallès tras detectar 185 solicitudes fraudulentas para obtener permisos de residencia en toda España
Noticias relacionadas
La Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal en Barcelona con la detención de dos personas acusadas de estafar a decenas de ciudadanos extranjeros.
Los arrestados, responsables de una supuesta asociación cultural afincada en el municipio de Les Franqueses del Vallès, se dedicaban a ofrecer contratos de trabajo ficticios con el único objetivo de regularizar de forma fraudulenta a inmigrantes en situación irregular.
Por la expedición de esta documentación, que servía para tramitar los permisos de residencia temporal y trabajo, la red llegaba a cobrar cantidades que ascendían hasta los 2.000 euros por víctima.
Una investigación originada a miles de kilómetros
Las alarmas saltaron a finales del año 2025 en la provincia de A Coruña. Fue allí donde los investigadores detectaron un volumen inusual de solicitudes de permisos de extranjería presentadas por ciudadanos que compartían un nexo común: todas estaban amparadas por ofertas laborales emitidas por la misma entidad barcelonesa.
Agente de la Policía Nacional con un detenido
El hilo del que tiraron los agentes reveló el verdadero alcance territorial y temporal de la trama. Desde el año 2022, esta asociación había emitido un total de 185 solicitudes tramitadas mediante estos contratos fraudulentos. La red no se limitaba a operar en Catalunya, sino que había logrado presentar esta documentación falsa en hasta 18 oficinas de extranjería repartidas por diferentes provincias del territorio español.
Una entidad sin solvencia ni trabajadores reales
El castillo de naipes de la organización se derrumbó al auditarse la actividad real de la empresa. La investigación policial constató de inmediato que la entidad carecía de la solvencia económica necesaria para hacer frente a la contratación de todo ese personal.
La intención nunca fue establecer una relación laboral legítima, sino lucrarse directamente favoreciendo la inmigración clandestina mediante el fraude.
Para dar la estocada final a la red, las pesquisas contaron con la colaboración clave de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Este organismo aportó un dato definitivo para desmontar la estafa: durante todo el año 2025, en la asociación investigada solo constaban dos trabajadores dados de alta legalmente en el sistema, lo que evidenciaba que el resto de los casi doscientos contratos emitidos eran un mero espejismo de papel para burlar la ley.
