El concejal de Derechos de la Ciudadanía, Marc Serra, ha informado esta misma mañana de una nueva reforma que pretende lanzar el Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio ha aprobado un decreto que amplía en un 38% los supuestos en los que el infractor de una ordenanza municipal puede evitar pagar una multa si cumple con alguna medida alternativa --como cursos educativos, trabajos en beneficio de la comunidad y mediación--.
Serra asegura que esta reforma aspira a "promover una cultura de justicia restaurativa", algo que quiere instaurar el Ayuntamiento. Y confirma que la finalidad de las sanciones no es recaudar dinero sino corregir conductas contra el bienestar colectivo.
En algunos supuestos, se podrá evitar la multa realizando un plan de desarrollo personal o "cualquier otra actividad que el Ayuntamiento, con el consentimiento de la persona infractora, acuerde en sustitución de la sanción económica", ha informado el consistorio.
TRAS PONERSE LAS BOTAS
Esta reforma llega después de que el pasado mes de marzo se conociera la brutal cantidad de dinero que recaudaba el Ayuntamiento por las multas de tráfico. El consistorio de Barcelona pulverizó todos los récords establecidos. El aumento fue espectacular e inesperado para los propios gestores de la administración, ya que en el presupuesto elaborado se establecieron unos ingresos por multas de tráfico de 45,2 millones de euros y la recaudación ascendió a 64,6 millones, un 43 % más.
Los números sorprenden aún más si los comparamos con los del año anterior. En 2017, el consistorio presupuestó una recaudación por multas de 47 millones de euros, curiosamente casi dos millones más que el 2018. La recaudación ascendió a 50,4 millones, casi tres millones y medio más de los presupuestado, con una desviación al alza de apenas un 7%.