La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente este jueves un plan especial urbanístico para regular la apertura de nuevos locales de juegos de azar y apuestas en la ciudad.
Lo ha explicado en una rueda de prensa la alcaldesa, Ada Colau, junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la concejal de Salud de Barcelona, Gemma Tarafa, tras una reunión de trabajo, en la que han coincidido en la necesidad de regulación en este sector.
"Este plan urbanístico supone decir que casi no se podrá abrir un establecimiento de estas características en la ciudad. En la práctica queda muy limitado. No podemos hacer prohibiciones de actividades, pero sí tener una mirada urbanística", ha defendido Colau.
NUEVO PLAN DE USOS
El nuevo plan de usos aumenta la limitación actual de 100 a 800 metros la distancia entre cualquier local de azar respecto a los equipamientos de usos protegidos, además de ampliar la lista de estos equipamientos.
En relación a los centros educativos, el Ayuntamiento fija una distancia mínima de 800 metros respecto a cualquier guardería pública o privada, centros de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, programas de formación y universidades.
Asimismo, establece que no se abran nuevos locales a una distancia mínima de 450 metros de bibliotecas, centros de servicios sociales, centros cívicos, casales para jóvenes y de barrio, centros del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) o de cualquier centro de salud.
SUSPENSIÓN PREVIA
Este plan de usos llega un año después de que el Ayuntamiento aprobara una suspensión previa de comunicados para abrir nuevos establecimientos de juegos de azar, salones de juego, bingos y casinos, con el objetivo de elaborar la normativa ahora presentada.
De hecho, en este último año se han cerrado dos bingos de la ciudad, y actualmente hay en Barcelona 51 establecimientos de este tipo: 35 salones de juego, 15 bingos y un casino, según ha detallado el propio consistorio.
PROTEGER A LOS VULNERABLES
Tarafa ha explicado que estos criterios se han trabajado bajo indicadores de salud pública y la premisa de que es necesario proteger a los colectivos más vulnerables respecto al desarrollo de un posible juego problemático o patológico.
La concejal ha detallado que se debe poner especial atención entre los menores y jóvenes de hasta 21 años, las personas con problemas de salud mental y adicciones y también las personas en riesgo de pobreza y exclusión social.
Según la encuesta EDADES del Ministerio de Sanidad, en el último año el 6,7% de la población de entre 15 y 64 años jugó dinero online y un 63,6% lo hizo de forma presencial, lo que supone un incremento respecto el 3,5% y el 59,5% de dos años antes.