La Fiscalía de Barcelona estudia una denuncia del sindicato CGT que apunta que varios directivos y personal de confianza de las empresas de ambulancias concertadas por la Generalitat se han vacunado por coronavirus, pese a no tener contacto con pacientes.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias preprocesales y ha remitido a la Fiscalía de Barcelona la denuncia de la CGT para que, si lo ve oportuno, abra diligencias de investigación sobre esta cuestión.
En su denuncia, la CGT ha puesto en conocimiento de la Fiscalía que, el menos en el ámbito de las empresas de ambulancias concertadas con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat, "numerosos" directivos y personal de confianza sin contacto con pacientes se están vacunando "impropiamente", mientras que el personal que trabaja en primera línea todavía no ha recibido las dosis.
INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS
Según el sindicato, este supuesto incumplimiento de las medidas sanitarias indicadas en un "bien público" propiedad del Estado como son las vacunas del Covid-19 supone un caso de "tráfico de influencias" y de "abuso de poder" para obtener beneficio propio por parte de algunos directivos y personal de confianza de las empresas de ambulancia concertadas por la Generalitat.
En su denuncia, CGT concreta que se han dado casos de uso "impropio" de vacunación por parte de directivos en las empresas Falck, vacunados en el Hospital de Bellvitge; en la empresa Transport Sanitari de Cataluña, vacunados en el CAP de Sants; en la empresa Ambulancias Domingo, vacunados en el Vall d'Hebrón; así como en Ambulancias La Pau y Ambulancias Lázaro.
En un comunicado, CGT ha insistido que se debe ser "extremadamente cuidadoso" en el periodo de vacunación y que se debe tratar a la población con equidad, según las prioridades acordadas por el ministerio de Sanidad y la consellería de Salut.
CGT LO VE "EXECRABLE"
Para este sindicato, si el uso de recursos públicos para beneficio personal es "execrable", todavía lo es más "cuando este pasa por encima de personas que lo necesitan más", como los que han sufrido la falta de EPI en la peor parte de la pandemia o aquellas personas en situación de riesgo que se han visto relegadas "por actuaciones de este tipo".
"Se tiene que enviar un mensaje nítido para evitar que estos abusos de poder de bienes públicos se conviertan en norma de actuación con cualquier persona con poder político o de decisión sobre estos hechos", ha remarcado CGT, que ha pedido que se "ponga freno" a este comportamiento en el sector de ambulancias de Cataluña y que, si se observan indicios de criminalidad, se actúe en consecuencia.