La teniente de alcalde Janet Sanz ha anunciado que para llevar a cabo un derribo en la ciudad de Barcelona será necesario contar con una licencia municipal que lo autorice y aportar un informe histórico que permita al consistorio evaluar si supone perder patrimonio y decir a los propietarios qué pueden hacer y qué no.
Estos requisitos se exigirán después del próximo verano e irán acompañados de una revisión y ampliación del catalogo de bienes patrimoniales de la ciudad "para proteger con mas fuerza y evitar los derribos indiscriminados", ha explicado hoy la teniente de alcalde de Urbanismo.
PLAN DE INSPECCIONES
"Lo que nos gustaría es no volver a llevarnos las manos en la cabeza" por la desaparición de edificios y espacios no catalogados o que tienen una baja protección, ha señalado Sanz, que ha destacado de la reforma del catálogo la protección de jardines públicos y privados.
La teniente de alcalde ha anunciado la puesta en marcha inmediata de un plan de inspecciones para evitar que ante el anuncio de más control proliferen los derribos para evitarlo.
ENDURECIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Con la reforma del catalogo se tendrán en cuenta valores ligados a la vida cotidiana de los barrios y la lucha contra el cambio climático y no solo monumentales, como hasta ahora, y pasará de ser un instrumento cerrado a uno vivo y en constante revisión que permita actuar con antelación y de forma proactiva.
Janet Sanz ha pedido también a la Generalitat un "paraguas legal" para que los ayuntamientos tengan herramientas para proteger el patrimonio sin problemas y proteger la actividad de los establecimientos emblemáticos. Para ello ha propuesto la reforma de la Ley del Patrimonio Cultural Catalán y la creación de un organismo autónomo que elabore los informes sobre patrimonio.
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Los cambios en la regulación de los derribos en Barcelona se enmarcan en un plan estratégico para proteger el patrimonio, el paisaje y su identidad popular, histórica y ambiental que el gobierno municipal presentará mañana como medida de gobierno denominado 'Barcelona, Ciutat Patrimoni'.
Para llevarla a cabo, el Ayuntamiento de Barcelona incrementará el personal destinado a las políticas patrimoniales para hacer efectiva esta nueva visión y la dotación económica para la conservación y mejora del patrimonio crecerá hasta 7,5 millones de euros anuales.