Los defensores liberales de los VTC: “El taxi ha capturado al regulador”

El sector del taxi presiona y el Govern de la Generalitat llega a un acuerdo para aprobar un decreto ley que limita el uso de los VTC. ¿Con qué consecuencias? Los liberales que defienden el servicio de los vehículos de plataforma han puesto el grito en el cielo al entender que los mayores perjudicados serán los propios usuarios. Lo que ha ocurrido, con un acuerdo entre los partidos del Govern y el PSC, es que “el sector del taxi ha capturado al regulador”.

Lo señala el Instituto Ostrom, de carácter liberal, y que ha elaborado un extenso informe sobre la situación de los VTC, con la defensa de una mayor competencia y con el mensaje claro de que el taxi no puede condicionar a las administraciones públicas. En Barcelona la posición del equipo de gobierno, formado por los comunes y el PSC, ha sido clara: defensa del sector del taxi, a un año de las elecciones municipales, con la convicción de que cualquier protesta de los profesionales del taxi solo puede perjudicar al actual consistorio.

INTEGRAR EL TRANSPORTE URBANO

Los liberales del Informe Ostrom consideran que las administraciones deberían tener en cuenta otro enfoque: “La protección del interés general en la regulación de los sectores del taxi y los VTC comporta poner los intereses de los consumidores y usuarios en el centro. El objetivo final debería ser el de integrar los servicios de transporte urbano de personas en la globalidad de los servicios de movilidad urbana, desde el transporte público hasta el servicio de uso compartido de bicicletas, motos y vehículos, consolidando sistemas multimodales que incorporen todas las alternativas de movilidad”.

Lo sostiene el jurista e investigador del Instituto Ostrom Guillem València, para quien los casos de Nueva Zelanda o de Londres han demostrado una mayor eficiencia para los ciudadanos. En el caso de Nueva Zelanda, se ha producido una reducción de hasta el 25% en los precios del transporte urbano, después de “eliminar las restricciones a la cifra de licencias de taxi y vehículos con licencia VTC y el sistema de precios fijos, cambiándolo por un sistema de precios dinámicos similares a los que ya aplican las plataformas digitales que ofrecen servicios de vehículos con licencia de VTC en Cataluña”. Con una experiencia similar en Londres, “se observaron reducciones del 15% al 20%”.

RÉGIMEN SANCIONADOR

En el decreto ley del Govern, que se espera aprobarlo la próxima semana, para validarlo en el Parlament antes de que acabe el mes de julio, se instaura el servicio de los VTC como “complementario” al del taxi y se asegura la norma hasta que los tribunales esclarezcan diversas dudas jurídicas sobre esas plataformas.

Una de las novedades es que la normativa incluye un régimen sancionador para asegurar que los VTC implementen la precontratación de 15 minutos, ya incluida en la normativa anterior del Estado.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, asegura que esa normativa “pacificará” la lucha social que se inició con la llegada de las plataformas, y que se trata de un acuerdo “histórico, equilibrado y justo”.

Pero todo eso obedece a intereses claros, según el Instituto Ostrom, que está totalmente en contra del requisito de la precontratación, por parte de los VTC. La conclusión clara de este think tank liberal es que las administraciones no quieren dañar al sector del taxi. “A la hora de regular el sector, los poderes públicos, el estatal y el autonómico, no han tenido en consideración principal el interés general, sino el interés particular del sector del taxi, que ha capturado efectivamente el regulador. La única opción normativa alineada con el interés general y los principios de regulación eficiente es establecer un régimen de libertad de entrada y libertad de precio en el transporte urbano de pasajeros en vehículo de turismo (taxi o VTC), a todos los segmentos del mercado y con libre prestación del servicio a todo el territorio”.