El gobierno de Barcelona se vuelca con los taxistas frente a su guerra con los VTC

El sector tiene poder, el sector es poderoso, se podría decir emulando aquella canción sobre Barcelona de Los Manolos. Los taxistas pueden paralizar de nuevo la ciudad si el Govern de la Generalitat aprueba un decreto ley que podría dar carta de naturaleza a los VTC. Y el gobierno de Barcelona no mostrará fisuras. Los socialistas, liderados por Jaume Collboni, no se desmarcarán de los comunes de Ada Colau, y rechazan las muestras liberalizadoras del ejecutivo de Pere Aragonès: al lado del taxi, a un año de las elecciones municipales, con miles de votos en juego.

El propio Govern busca un difícil equilibrio entre Junts per Catalunya y ERC. Y el decreto ley en el que trabaja, y que podría aprobar en el Consell Executiu la próxima semana, puede dejar descontentas a todas las partes. En el borrador se limita la actividad de los VTC, visto desde la perspectiva de las plataformas de movilidad, pero, al mismo tiempo, se autoriza a esos vehículos, a los que ya tienen las licencias y ello amenaza la supervivencia de los taxistas, según el colectivo.

En la práctica, eso supondría que se limitaría el trabajo de los VTC, de las 4.000 licencias domiciliadas en Cataluña a unas 3.000. El Govern de la Generalitat cree, sin embargo, que podrían estar en funcionamiento las que ya operan ahora, unas 1.500. Pero para el sector del taxi esa cifra ya es insalvable. La posición es de todo o nada. “Esto es un pulso: o es el fin del taxi o es el fin de los VTC”, ha señalado Tito Álvarez, portavoz de la organización mayoritaria Élite Taxi. Álvarez advierte de que, a partir del 11 de julio, el sector puede parar la ciudad por completo.

Los socialistas, que podrían favorecer una apertura en el servicio de los VTC, tienen clara la influencia de los taxistas. La presidenta del Instituto Metropolitano del Taxi, máximo órgano dependiente del AMB, es la concejal socialista Laia Bonet. Y su posición no ha sido improvisada. El borrador que se conoce del Govern de la Generalitat resulta, a su juicio, “descorazonador”. El texto, elaborado por el departamento de Territorio, que dirige el consejero Jordi Puignerò, supone, según Bonet, “la perpetuación de la precariedad de las más de 13.000 familias del sector del taxi y la competencia desleal que suponen los VTC”. Por tanto, “no podemos darle apoyo”, según la concejal socialista.

El decreto ley se quiere aprobar cuanto antes y llevarlo al Parlament. Y ahí prosiguen las dudas, porque los dos socios del Govern no tendrán mayoría para sacarlo adelante, con la negativa del PSC y de los comunes. Tampoco la CUP lo apoyará. Faltarían tres diputados, los tres del PP. Pero, ¿Puede aprobar ese decreto JxCat y ERC con el PP?

Los socialistas en Barcelona no quieren esta vez ninguna sorpresa. “Estamos por el servicio público del taxi, no con la economía de las plataformas”, señalan fuentes socialistas, que emplazan al Govern a regular el sector con un mayor cuidado y protegiendo al sector del taxi. El PSC sabe lo que sucedió en 2019, cuando el propio Tito Álvarez pidió el voto para Ada Colau al entender que había defendido mejor y con más pasión a un sector que se ha tomado la cuestión como una guerra, o se gana o se sale derrotado.

El pleno del Parlament previsto para aprobar el decreto ley se celebrará el 19 de julio. La intención del Govern es que vaya muy rápido y que los VTC puedan operar de inmediato con la nueva regulación. La intención es encontrar una vía intermedia que permita que ese nuevo servicio tenga carta de naturaleza, con el funcionamiento de unas 1.500 licencias, lejos de las 4.000 existentes, aunque para el sector del taxi pueda ser demasiado.

SIN GRIETAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL

Lo que sucede ahora está en un limbo legal. La Comisión Europea ha publicado un documento sobre buenas prácticas en la regulación del sector de transporte local de pasajeros bajo petición, los taxis y los VTC, que deja en evidencia tanto a la normativa española, como la propia catalana. Y el próximo 30 de septiembre finaliza el periodo transitorio que marcó el Real Decreto-ley 13/2018 para que los VTC puedan continuar prestando servicios en el ámbito urbano. A partir de esa fecha, esos servicios se deberán regir por las normas que dicten las comunidades autónomas, y eso explica ahora las prisas del Govern de Aragonès.

Llega, sin embargo, un choque de intereses que puede colapsar la ciudad de Barcelona, en plena temporada turística. El PSC, en este caso, no quiere grietas. Si la alcaldesa Colau, a pesar de que ha querido contemporizar con los VTC en los últimos meses, está con los taxistas, el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, también. El problema lo tendrá el grupo parlamentario del PSC en el Parlament, donde hay voces no tan contrarias a los nuevos operadores de plataforma. Pero, por ahora, la posición es la de no apoyar el decreto ley de Aragonès y Puigneró.