Colau arremete contra el nuevo dueño de la Casa Orsola tras renunciar a comprar el edificio

Un edificio que cambia de propiedad, contratos que finalizan, y la voluntad del nuevo dueño de rehabilitar pisos y ofrecerlos en el mercado de alquiler. ¿Puede el Ayuntamiento intervenir? Es lo que ha intentado la candidata de los comunes, Ada Colau, al pedir al propietario de la Casa Orsola que cuente con el consistorio y aproveche los servicios de la “bolsa de alquiler”, al entender que, en realidad, lo quse se pretende es un acto especulativo. Pero el consistorio tuvo el derecho de tanteo para hacerse con el edificio, en la Esquerra de l’Eixample, "y no lo utilizó", según la abogada de la propiedad, María José Tarancón.

La misma Colau admite en una carta a la propiedad “sin precedentes”, según el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, que el ayuntamiento no tiene competencias ahora para cambiar situaciones “injustas”, como las no renovaciones de los contratos de alquiler, pero que su determinación no es la que quedarse con los brazos cruzados. Colau recuerda en esa carta, según ha podido saber Metrópoli, que, precisamente, el Ayuntamiento tiene un instrumento legal para el alquiler social. Y señala que el consistorio ha comprado 1.300 viviendas para destinarlas al alquier social, y que dispone de 2.000 pisos nuevos en obras que serán también para el mercado de alquiler.

La abogada María José Tarancón, junto a Josep Sánchez Libre, en el auditorio de Foment / MA

Esa es la paradoja que destaca la abogada de la propiedad de la Casa Orsola, María José Tarancón, que dio cuenta de ello en una comparecencia en Foment junto a su presidente, Josep Sánchez Llibre. Si tuvo derecho de tanteo, “¿Por qué no lo utilizó con el cambio de propiedad?”, se pregunta.

El hecho es que los nuevos propietarios se han encontrado con un edificio en el que se han ‘okupado’ dos pisos, y con cuatro inquilinos se ha establecido un proceso judicial, una vez se les ha acabado el contrato. En el resto de casos, ha habido “una total normalidad”, con contratos indefinidos, otros a término, pero que no han finalizado, otro contrato que vence el 30 de noviembre, y un caso que se ha solventado, “a través de la familia”, en el que una persona de más de 80 años continuará viviendo en la misma vivienda, renovando el contrato con las mismas condiciones.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La propiedad ha iniciado ese proceso, en el que se pide a los que han finalizado el contrato y no quieren asumir las nuevas condiciones que “acrediten” si viven una situación de vulnerabilidad. En ese caso, y como pide Colau, los propietarios deberían ofrecer un alquiler social. Les obliga la ley. Pero en los cuatro casos “eso no se ha producido”. La conclusión, por tanto, por parte de los propietarios, es que no se dan esas situaciones de vulnerabilidad. El otro proceso judicial está relacionado con los dos pisos ‘okupados’, en los que no se ha presentado “ningún título jurídico” que demuestre la propiedad.

Fotomontaje de Sánchez Llibre frente a la casa Orsola, con la que Colau "fomenta la ilegalidad" / METRÓPOLI

Lo que sorprende a los nuevos propietarios, que, en ningún caso, como apunta Tarancón, se trata de un gran fondo de inversión, es la carta de Colau. La concepción de la líder de los comunes, y de la concejal de Vivienda, Lucía Martín, es que se ha querido especular con los nuevos contratos. La política de vivienda ha caracterizado a Colau, que se erige en defensora de la vivienda social, pero con poca eficacia a lo largo de su mandato. Lo que señala la líder de los comunes es una especie de lamento, al pedir la colaboración del sector privado y del resto de administraciones.

DESINCENTIVAR EL ALQUILER

La cuestión es que la “el derecho a la vivienda digna, con pisos de alquiler social, es responsabilidad de las administraciones y deben ponerse a ello”, según la abogada de la propiedad, que entiende el problema, pero despeja el balón, al entender que el caso de la Casa Orsola no tiene nada que ver con lo que plantea Colau.

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, fue especialmente duro en su intervención, junto con Tarancón. “No hay precedente de una carta de ese tipo, y Colau está en connivencia con los okupas, defiende la ilegalidad”, señaló, al considerar que la alcaldesa no puede inmiscuirse en un cambio de propiedad y en la renovación de unos contratos de alquiler. Para Tarancón el caso va más allá, porque “puede desincentivar el alquiler, ya que muchos propietarios, con casos como éste, lo que deciden es vender, más que alquilar, cuando sabemos que tenemos un mercado de alquiler en Barcelona que se ha ido reduciendo”.

Pero la posición de Foment, lejos de hacer reflexionar a los comunes, ha provocado una reacción contundente por parte de la concejal de Vivienda, Lucía Martín en las redes sociales. “Ninguna sorpresa que Foment del Treball esté a favor de la especulación. Lo que sorprende son las amenazas de denunciarnos por hacer nuestro trabajo, velar por el derecho a la vivienda. Nosotros continuaremos ofreciendo ayudas para mantener precios asequibles y presionando para regular los alquileres”, señaló. La concejalía de Vivienda no quiso añadir nada más, tras el contacto con Metrópoli.

En el edificio, en todo caso, no se dan las situaciones de vulnerabilidad que sostiene Colau, como insiste la abogada María José Tarancón. Se da la circunstancia de que uno de los vecinos de la casa es Tono Hernández Bladé, director de Entretenimiento de Veranda Televisió, ahora Veranda Media, una empresa privada que realiza producciones externalizadas para TV3, como publicó Metrópoli. ¿Situaciones de vulnerabilidad? “No es el caso de Casa Orsola”, insiste Tarancón.