Los jueces han encendido la luz de alarma. Han mostrado su desagrado ante los acuerdos suscritos entre el PSOE y los partidos independentistas, que se han concretado en una Ley de Amnistía que debe todavía recorrer su camino en el Congreso. Pero también hay otras cuestiones que irritan, como la carga constante en las decisiones judiciales que hacen referencia a los desalojos de viviendas, como la última de la pasada semana, protagonizada por una vecina de Ciutat Vella. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Baró, lo expresa con claridad: “Se pone al juez como responsable de un desalojo, sin rigor alguno".

Baró lo señala, precisamente, en relación al caso de Blanca, la vecina de 78 años del barrio de El Gòtic, en Ciutat Vella. A su juicio se descarta, “siempre”, de entrada, todos los trabajos previos de los jueces, y no se llega a profundizar sobre las sentencias que emiten. “No podemos dejarnos llevar por ciertos titulares que al final ponen al juez como el responsable del desalojo de una persona, cuando esto no es así”, insiste, en una entrevista en el programa Converses de la Cadena Cope, con la presencia de Metrópoli.

Imagen de la fachada del piso donde vive Blanca y la movilización de vecinos Redes sociales

Puede haber casos muy concretos en los que no se haya valorado una cuestión determinada, pero en la mayoría de casos Baró defiende la actuación de los jueces. Como portavoz de la APM en Cataluña, Baró incide en que en este tipo de procedimientos judiciales “hay una persona con todas las garantías y todos los derechos, pero sin olvidar que también hay otra persona que acude a la justicia para intentar proteger sus derechos como propietario”.

Eso sucedió la pasada semana, y se volverá a producir en la semana próxima, cuando está previsto otro desalojo, el de los espacios conocidos como el El Kubo y la Ruïna, en la zona de la Bonanova de Barcelona. Baró insiste en que hay muchas normas que se han sacado adelante para proteger a los más vulnerables, y que, después, con sentencias judiciales, se procede a los desalojos. Los jueces, por tanto, “son muy rigurosos en la aplicación de estas normas”.

Okupas de la Ruïna y el Kubo de la Bonanova de Barcelona encienden bengalas desde la azotea de El Kubo / EUROPA PRESS EUROPA PRESS

¿Cuál es uno de los principales peligros, a juicio de Baró? “No es bueno, como se ha hecho, anunciar con antelación un desalojo –se ha hecho en el caso de los espacios de La Bonanova—porque se incita a la gente a que incumpla una resolución judicial”.

También se ha referido Baró al nombramiento de Félix Bolaños como ministro de Justicia, y, a la vez, titular de Relaciones con las Cortes y Presidencia. Esa designación puede tener un objetivo, a juicio del presidente de la APM en Catalunya: “Es una advertencia del Gobierno para que los jueces sepan que están expectantes de cómo se aplica la futura Ley de Amnistía”, ha señalado, con una pregunta añadida: “¿Realmente van a verificar cuál es el trabajo que hacemos los jueces?, porque eso es peligrosísimo”.

Otra de las inquietudes de las asociaciones de jueces hace referencia a las vacantes que se producen en algunas comunidades, como Catalunya. Para Baró se trata de una cuestión “política”, al entender que no se trata del mayor o menor coste de la vida, porque “en Madrid, un lugar caro como Barcelona o Catalunya, esas vacantes no se producen”.