Una determinación absoluta, a pesar del malestar que ha creado en la industria turística. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, saca pecho de su decisión de limitar los pisos turísticos y no renovar las licencias que finalizan en 2029. Su convicción es que “otras ciudades españolas y europeas seguirán a Barcelona”, porque, a su juicio, será la manera de ofrecer más vivienda al mercado de alquiler y de compra.
Jaume Collboni conversa con una vecina de Ciutat Vella delante del edificio del nuevo centro de viviendas temporales
En sus conversaciones tanto públicas como privadas Collboni ha expresado que la ciudad no mantendrá esas licencias turísticas y que la decisión es firme. En una entrevista en Antena 3, Collboni ha insistido en que el turismo “masivo” se debe limitar, sin que ello implique una renuncia a la actividad turística, y desde la condena a los excesos que se vivieron hace una semana, con una manifestación en contra del sector.
Lo que se debe hacer es “limitar” ese turismo, con medidas que lo gana sostenible. Y una de ellas, a su juicio, es la de erradicar todos los pisos turísticos de la ciudad. Las casi 10.000 licencias existentes no se podrán renovar a partir de noviembre de 2028. Con lo que en 2029 no habrá pisos turísticos en la capital catalana.
El primer paso de Nueva York
¿Estará sola Barcelona? Collboni entiende que no, que sucederá todo lo contrario, y que Barcelona puede marcar un camino para muchas otras ciudades, tanto españolas como europeas. Un camino que marcó, aunque de forma parcial, la ciudad de Nueva York, con limitaciones a plataformas como Airbnb.
"La medida quiere fomentar la vivienda para jóvenes y proteger a las comunidades de vecinos, que muchas veces sufren problemas de convivencia" con los ocupantes, a juicio del alcalde de Barcelona. Pero, ¿será efectiva?
Denuncias por pisos "ilegales"
El primer edil de la capital catalana entiende que esos 10.000 pisos se destinarán, por parte de sus propietarios, al mercado del alquiler residencial, o se pondrán a la venta, directamente. Si eso sucede, se trataría de un número notable de pisos que las administraciones públicas no pueden ofrecer en tan poco tiempo, a pesar de las diversas promociones públicas o de colaboración público-privadas que están en marcha.
En Barcelona los precios del alquiler ya han superado los 1.100 euros al mes, de medida. Según Collboni, el Ayuntamiento presenta cada mes unas 300 denuncias por actividades ilegales de uso turístico de la vivienda. Con la no renovación de las licencias, “será más fácil” detectar esas prácticas, entiende el alcalde de Barcelona.