Una propietaria de Barcelona, sobre el alquiler: “Fui víctima de okupación y vendí el piso, ni me lo pienso”

20 meses de incertidumbre, frustración e impotencia. Así recuerda Paqui la experiencia de tener que enfrentarse a la okupación de un piso familiar en Barcelona, un episodio que marcó un antes y un después en su vida y la llevó a convertirse en activista por los derechos de los propietarios.

El caso comenzó cuando ella y sus hermanos decidieron poner en alquiler el apartamento de su madre, ubicado en la avenida Meridiana. “Eran unos 600 euros, tampoco era un alquiler carísimo”, explica Paqui. Se trataba de un “pisito” de unos 80 metros cuadrados, que había quedado vacío tras el traslado de su madre, diagnosticada con Alzheimer, para estar más cerca de sus hijos.

Deuda de 17.000 euros

El problema surgió cuando, tras el fallecimiento de su madre, los inquilinos dejaron de pagar las mensualidades y los suministros, alegando que eran “personas vulnerables”.

La situación se complicó por el Real Decreto 11/2020, aprobado para hacer frente a la pandemia, que suspendía los desahucios y lanzamientos incluso cuando existiera una sentencia judicial en contra del inquilino, siempre que este demostrara su vulnerabilidad. Como resultado, Paqui llegó a acumular una deuda de 17.000 euros antes de poder recuperar la propiedad.

Una tienda de campaña

Durante esos meses de tensión, Paqui se hizo mediática por su forma poco convencional de afrontar la situación: plantó una tienda de campaña frente al piso ocupado para investigar a los inquilinos, descubriendo finalmente que tenían empleo.

Gracias a esta acción, logró recuperar el apartamento en mayo de 2023, pero tomó una decisión definitiva: “Vendí el piso, yo no lo vuelvo a alquilar, te lo aseguro”. Paqui insiste en que mientras los propietarios no cuenten con una protección real, “no volveré a alquilar. Tenemos todo en contra”.

Funda una asociación

La experiencia personal de Paqui la llevó a dar un paso más allá. En octubre de 2024, junto a otros 14 propietarios afectados por la inquiokupación y okupación en España, fundó la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij).

“Estamos cansados de tanta injusticia, algo teníamos que hacer”, asegura Paqui, que actúa como portavoz de la entidad. La asociación, sin ánimo de lucro y apolítica, defiende que no está en contra de los inquilinos, sino que reclama que “el que verdaderamente sea vulnerable, que sea el Gobierno el que se haga cargo, no nosotros”.

Aprovij ha reunido a propietarios que han sufrido embargos, pérdida de ingresos y situaciones de inseguridad prolongadas; algunos llevan más de cinco años lidiando con casos de inquiokupación. La entidad busca visibilizar la falta de protección jurídica para los dueños de viviendas y presionar para que se implementen mecanismos que permitan recuperar sus propiedades sin riesgos financieros ni personales.

Paqui explica que los propietarios exigen mayor seguridad jurídica, revisiones periódicas de la vulnerabilidad de los okupas y que sea el Gobierno quien se haga cargo de estas personas. “No podemos mantener a una persona cuya responsabilidad no nos corresponde”, subraya.