Embarcación de la Guardia Urbana

Embarcación de la Guardia Urbana GUB

Vivir en Barcelona

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona relatan cómo dos lanchas de Greenpeace intentaron embestirles

Arranca en la capital catalana el juicio contra dos activistas ecologistas que se enfrentan a seis años de cárcel por una peligrosa persecución marítima durante un acto de Pedro Sánchez en 2021

Llegir en Català
Publicada

El juzgado de lo penal número 7 de Barcelona ha acogido este lunes, 23 de febrero, la primera sesión del juicio contra dos activistas de Greenpeace acusados de intentar embestir una embarcación de la Guardia Urbana durante una protesta en el frente marítimo.

En sus testificales, los agentes implicados han relatado los momentos de tensión vividos en junio de 2021, cuando trataron de identificar a los ecologistas durante un acto del Círculo de Economía en el Hotel W que contaba con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Fiscalía solicita para los pilotos de las lanchas una pena de seis años de prisión por los delitos de atentado a la autoridad y lesiones, además del pago de una indemnización que supera los 17.000 euros para los tres policías heridos durante el incidente.

Una persecución de 20 minutos con maniobras bruscas

El relato de los efectivos policiales, que ha sido respaldado por otros compañeros que presenciaron los hechos desde tierra circulando en quad por la playa, describe una peligrosa persecución que se prolongó durante apenas veinte minutos hasta llegar al Port del Fòrum.

El Parc del Fòrum en una imagen de archivo

El Parc del Fòrum en una imagen de archivo AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Según han detallado los agentes que viajaban en la lancha policial, las embarcaciones de la organización ecologista desoyeron las órdenes acústicas y luminosas para detener los motores.

En lugar de frenar, iniciaron una fuga en la que, presuntamente, trataron de abordar la patrullera en varias ocasiones. Los policías han asegurado que la lancha de mayores dimensiones les cerraba el paso constantemente con aproximaciones a gran velocidad, mientras la embarcación más pequeña llegó a dar un giro de 180 grados para dirigirse frontalmente hacia ellos, obligándoles a realizar maniobras evasivas extremas.

Agentes heridos y petición de disparos al aire

A consecuencia de los bruscos cambios de rumbo y los fuertes frenazos para evitar la colisión, los tres urbanos sufrieron diversos impactos contra las barras metálicas y el suelo de su propia embarcación, que, según han reconocido, no reunía las condiciones óptimas para una intervención de este calibre.

El pánico a bordo llegó a tal extremo que, al no tener la certeza absoluta de que se tratara exclusivamente de una acción de Greenpeace por no poder identificar claramente a los tripulantes, uno de los agentes llegó a solicitar por radio que se efectuaran disparos al aire con el arma reglamentaria. Esta maniobra disuasoria fue finalmente descartada debido a la enorme inestabilidad de la patrullera sobre el agua.

Agentes de la Guardia Urbana en una playa de Barcelona

Agentes de la Guardia Urbana en una playa de Barcelona

Desde la emisora, las patrullas terrestres llegaron a escuchar gritos de auxilio alertando de que les estaban intentando matar, lo que les hizo temer que se enfrentaban a delincuentes o terroristas. Dos de los agentes heridos sufren graves secuelas psicológicas y llegaron a pedir 21 años de cárcel por tentativa de homicidio, aunque finalmente han renunciado a ejercer la acusación particular.

La defensa reivindica el derecho a la protesta

Frente a las duras acusaciones de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público, que sostiene que los ecologistas pusieron en grave riesgo a la patrullera mientras grababan la escena, la defensa de los activistas mantiene una versión diametralmente opuesta.

Los acusados, que tienen previsto prestar declaración ante el juez el próximo viernes, solicitan su libre absolución argumentando que en ningún momento se produjo un intento de abordaje ni se llevó a cabo ninguna acción de carácter violento contra los funcionarios.

Desde la organización ecologista, a la que la Fiscalía señala como responsable civil subsidiaria de las indemnizaciones, enmarcan todo el episodio en el ejercicio de su legítimo derecho de manifestación, recordando que su único objetivo aquel día era desplegar una pancarta para exigir una recuperación económica verde y justa tras la crisis del coronavirus.