La sede de los Mossos en Sant Martí y el proyecto de rehabilitación
La antigua fábrica de 14.000 m2 que fue la base de seguridad de las Olimpiadas: será la comisaría de Sant Martí tras una inversión de 25 millones
El inmueble fue adquirido por la Generalitat en 1991 con aluminosis y esconde una truculenta historia en la que está involucadro Jordi Pujol y el polémico financiero Javier de la Rosa
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En unos dos años, el distrito de Sant Martí disfrutará de una nueva sede de los Mossos d’Esquadra con un edificio emblemático. La Generalitat invertirá casi 30 millones entre la rehabilitación integral del edificio de la policía autonómica, la dirección de obras y el traslado del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) del 22@ a la sede de Egara, ya acometido.
En la confluencia de las calles Àvila y Bolívia se establecerá una nueva Área Básica Policial (ABP) renovada completamente. Las obras durarán hasta comienzos de 2028. La obra civil, que correrá a cargo de la empresa CRC Obras y Servicios, costará algo más de 16 millones de euros. Las instalaciones y equipamientos, que han sido encargados a la empresa Alamo Industrial, costarán casi 9 millones de euros. En total, 25 millones sólo las obras del edificio.
Con aluminosis
Al concurso convocado para la obra acudieron casi todas las grandes constructoras que compiten habitualmente en obra pública. El edificio fue adquirido en 1991, y ya tuvo que rehabilitarse, Desde entonces, sólo ha sufrido obras parciales. Durante años, albergó una parte de los servicios centrales de los Mossos hasta que estuvo disponible el centro de Egara.
El inmueble fue adquirido por la Generalitat en 1991. Era una antigua fábrica textil que fue preciso rehabilitar porque el edificio padecía de aluminosis. Durante los JJOO del 92, el edificio fue la base de operaciones de seguridad durante ese evento, según se asegura desde el Departament d’Interior.
Pelotazo urbanístico
Curiosamente, el nacimiento de esta sede policial estuvo rodeado de polémica y sus muros ocultan una historia de intrigas, dinero negro y conspiraciones político-económicas al más alto nivel. Para empezar, el inmueble fue comprado por una empresa con vínculos con el financiero Javier de la Rosa. Luego, fue vendido a la Generalitat tras generar elevadas plusvalías. Fue, en realidad, un auténtico pelotazo urbanístico de la época.
Comisaría de Mossos d'Esquadra en Sant Martí /
El beneficio obtenido en un corto periodo de tiempo fue escandaloso: en sólo unos meses se compró y vendió el edificio con unas plusvalías de 800 millones de pesetas (casi 5 millones de euros). Las comisiones también fueron abultadas y llegaron a unos 185 millones de pesetas (casi 1,2 millones de euros). Esos millones fueron destinados, según se publicó en la época, para comprar la voluntad “de alguien importante”.
Preguntas sin respuesta
Poco años después, en julio de 1999, la oposición dirigió varias preguntas al Ejecutivo que entonces presidía Jordi Pujol sobre esta operación y las comisiones que se pagaron. El socialista Martí Carnicer, entonces diputado, preguntó a Pujol sobre la compraventa.
“¿Qué elementos justificaron la adquisición por parte del Govern del inmueble? ¿Estudió el Govern la posibilidad y costes de otros emplazamientos alternativos? ¿Sabía el Govern que esta compra iba asociada a unas importantes comisiones? ¿Ha comprobado si, posteriormente, estas comisiones existieron?”, preguntó Carnicer.
Acceso a la comisaría de Mossos de Sant Martí /
La respuesta por parte del Ejecutivo fue que se habían valorado hasta 13 sedes alternativas, pero de las demás acusaciones negó la mayor. Lo cierto es que, en aquel momento, los juzgados ya investigaban el cobro de comisiones en dos operaciones paralelas: la venta de este edificio de la calle Àvila y la compra, por parte de la Generalitat, de la sede del Consorcio Nacional del Leasing (CNL), un holding controlado también por Javier de la Rosa que se convirtió de repente en la sede de la conselleria de Medio ambiente.
Fueron dos operaciones en las que aparecían el político más importante de la época, Jordi Pujol, por un lado, y el financiero con mayor peso económico de Catalunya, De la Rosa, por el otro. Este último, además, había sido señalado por Pujol como el ‘empresario modelo’ del país.
Juicio contra los Pujol
Las pasadas semanas, en la vista oral que se sigue contra la familia Pujol en la Audiencia Nacional, el tema volvió a aflorar y varios policías declararon que la primera gran cuenta de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra se abrió en el año 1991 con una partida proveniente de la compañía Aciesa, que fue la que intervino, precisamente, como intermediaria en la compraventa de la sede de los Mossos y de la de Medio Ambiente. Esa empresa estaba controlada por De la Rosa y su socios.
En 2020, el juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, imputó a Jordi Pujol Ferrusola por cobrar mordidas, aunque lo vincula a la venta de la sede de la CNL, sobre la que la Udef había realizado un contundente informe. La compraventa se había realizado en julio de 1991 por 4.185 millones de pesetas, lo que generó comisiones para Aciesa de, al menos, 252 millones.
Trasvase de dinero
En el juicio que se sigue contra los Pujol se afirma que el 1 de agosto de 1991, el primogénito del clan ingresó en una cuenta andorrana 8.532.409 pesetas vinculadas a “una comisión ilícita derivada de la venta de la sede social de CNL a la Generalitat de Cataluña”. El dinero provenía, según los investigadores, de Aciesa, la empresa intermediaria en las operaciones de De la Rosa con la Generalitat de Cataluña.
El administrador de Aciesa, Albert Freixa, llegó a declarar en sede judicial que una comisión de esa empresa había ido a parar “a un hijo de Pujol”.
Un referente en Barcelona
Ajeno a la truculenta historia que acumulan sus muros, el nuevo edificio pretende ser un referente en la ciudad en cuanto a servicios públicos, ya que en sus 13.695 metros cuadrados trabajarán más de 1.000 funcionarios.
Comisaría Mossos d'Esquadra de Les Corts
El bloque tiene una planta sótano, una baja y siete pisos con 12.700 metros cuadrados. Al final de la remodelación habrá ganado 1.000 metros más de superficie. De ese modo, se convertirá en el edificio policial de los Mossos más grande de Barcelona, exceptuando el complejo de las oficinas centrales que el Cuerpo tiene en la Travessera de les Corts.
Los servicios que albergará
En el futuro, el conjunto acogerá la cúpula policial de la Región Metropolitana de Barcelona, el Área de Investigación Criminal, el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), los servicios regionales de atención ciudadana.
La Unidad Regina de Medio Ambiente, la Unidad de Información de Barcelona, la Unidad Regional de Policía Administrativa y el Área Regional de Seguridad de Edificios y Traslados, el Área de Seguridad del Transporte Metropolitano de la Comisaría General de Movilidad y diversos servicios administrativos, como un centro de coordinación de contingencias, aulas de formación y un auditorio.
Con la rehabilitación del edificio se espera “mejorar la eficacia del funcionamiento y corregirá las deficiencias causadas por la necesidad de adaptación a unas infraestructuras no pensadas para las funciones que habían de realizar”. La ampliación de este edificio permitirá descongestionar otros edificios policiales de Barcelona.
Sedes alternativas
En un principio, los responsables de la Administración habían valorado la posibilidad de construir una nueva sede en la calle Badajoz, que actualmente es un parking, pero sería insuficiente para albergar a todas las unidades policiales previstas, además de perder un número considerable de plazas de aparcamiento en el barrio.
Finalmente, en 2022 se decidió rehabilitar el edificio actual, añadiendo 1.000 metros cuadrados de superficie. “La sociedad cambia y el Cuerpo de los Mossos se ha de adaptar a este cambio. Este edificio será emblemático y se convertirá en la sede policial de referencia de la ciudad de Barcelona”, aseguró el entonces conseller de Interior, Joan Ignasi Elena.
La dirección de las obras fue adjudicada al bufete Q Studio Management Consulting 29 por un monto de algo más de 472.000 euros. Al mismo tiempo, el centro de procesamiento de datos (CPD) del Nudo de Telecomunicaciones que existía en el edificio de T-Systems en el 22@ se trasladó a Egara, un cambio que costó a las arcas públicas casi 2 millones de euros. Este cambio de ubicación se hizo bajo la supervisión del CTTI, el centro de telecomunicaciones de la Generalitat.
