Pedro Sánchez en una imagen de archivo / EFE
España cambia las normas: a partir de 2027 obligarán a las operadoras a subir la velocidad de Internet y bajar precios
El nuevo Reglamento del Servicio Universal de Telecomunicaciones cambiará de modelo: permitirá a los usuarios elegir libremente de compañía y obligará a mejorar las conexiones y la accesibilidad en todo el país
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España prepara un salto cualitativo en la democratización y calidad de sus conexiones a la red.
El Gobierno ha iniciado los trámites para aprobar un nuevo Real Decreto que actualizará el Servicio Universal de Telecomunicaciones.
Esta normativa, prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2027 --coincidiendo con el fin del programa Conéctate 35--, obligará a las operadoras a ofrecer velocidades drásticamente superiores y aplicará importantes descuentos para los hogares más vulnerables.
El Servicio Universal, que desde el año 2005 funciona como garantía de acceso básico a Internet y telefonía fija, recaía hasta ahora mediante concurso en empresas privadas concretas --primero Telefónica y posteriormente Hispasat--, ofreciendo velocidades que apenas alcanzaban los 10 Mbps.
El nuevo texto legal cambia radicalmente este modelo. A partir de 2027, la naturaleza del servicio permitirá que pueda contratarse con cualquier operadora que ofrezca servicio en el territorio español. De esta manera, los consumidores, así como pymes, microempresas y organizaciones sin ánimo de lucro, podrán elegir libremente su compañía de confianza.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Chema Moya / EFE
Nuevas exigencias de velocidad y cobertura
Para asegurar un estándar de calidad acorde a las necesidades actuales, la normativa fija por ley unos requisitos técnicos mínimos que todas las compañías deberán cumplir como parte de su oferta de productos:
- Velocidad garantizada: 100 Mbps de descarga y 5 Mbps de velocidad de subida.
- Latencia máxima: 690 milisegundos.
Este salto será posible gracias a la mejora general de la infraestructura española, apoyándose en la red de fibra óptica, el 5G y las conexiones por satélite.
![Uno de los coches, supuestamente abandonados, del aparcamiento en la calle Reina Amàlia](["https:\/\/a2.elespanol.com\/metropoliabierta\/2019\/11\/22\/el-pulso-de-la-ciudad\/446465357_10337737_320x120.jpg"])
Para las zonas sin cobertura donde las operadoras no llegan por sí solas, el Gobierno licitará el servicio a una o varias compañías.
El coste de cubrir estas áreas remotas será sufragado solidariamente entre todas las empresas de telecomunicaciones que facturen más de 100 millones de euros anuales.
Torre de telecomunicaciones / PIXABAY
Internet más barato y accesible para todos
Más allá de la mejora técnica, el Ministerio de Transformación Digital ha introducido un potente paquete de medidas sociales.
La normativa establece la obligación de ofrecer un descuento mínimo del 25% en la factura para usuarios con rentas bajas.
Se estima que este "bono social" de las telecomunicaciones beneficiará a unos 800.000 hogares, y será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la encargada de vigilar que todas las operadoras ofrezcan estas tarifas bonificadas.
Finalmente, el Real Decreto supondrá un avance significativo en inclusión. Las operadoras estarán obligadas a proporcionar terminales adaptados para personas con discapacidad y a implementar el "texto en tiempo real" (RTT).
Esta función, que pasará a ser un servicio universal, permite a los usuarios leer y escribir texto en la pantalla de sus dispositivos de forma simultánea durante el transcurso de una llamada de voz.
