Los colectivos que recientemente okuparon Robador 43, finca de titularidad municipal, arremeten contra el Ayuntamiento por unas políticas de vivienda social que consideran insuficientes y denuncian opacidad en la gestión de la rehabilitación del bloque, ya que detectan irregularidades en su compra. 

Así lo ha expresado una de las okupantes de la finca, que ha hablado en nombre del ‘Bloc d'Habitatge’, la plataforma ‘Putes Indignades’ y los colectivos de la izquierda independentista que se han asentado en el inmueble. Dirigiéndose a vecinos y vecinas del barrio, han explicado que la okupación pretende “hacer visible la situación insostenible de los jóvenes del barrio y denunciar a todas las instituciones que lo han permitido”.

 “No vemos cómo esta inversión puede ser provechosa para el barrio cuando solo dos de las siete viviendas están destinadas a gente de la zona”, ha incidido la portavoz, que ha exigido al Ayuntamiento que, como mínimo, cinco de las futuras viviendas de la finca sea para personas del barrio.

Los colectivos también remarcaron que la rehabilitación del edificio tiene un presupuesto de un millón de euros aunque el Ayuntamiento adquirió la misma por 590.000 euros. Así, el precio de compra habría sido de 833 euros por metro cuadrado, mientras que el de las obras sería de 2.245.

“Los okupantes haremos todo lo posible para que estos pisos representen realmente una mejora social para el barrio”, han proseguido, por lo que no negociarán con el consistorio hasta que les explique “a qué se refiere cuando habla de vivienda social”. Además, también instan al consistorio a publicar los baremos para acceder a la mesa de emergencia habitacional y a los diferentes regímenes del parque público de vivienda.

ONCE AÑOS SIN FUNCIÓN SOCIAL

Según han asegurado los okupantes, llevan una semana rehabilitando una finca que, como recuerdan, “ha sido espacio cerrado sin ninguna función social desde hace 11 años”. “Hasta que no hemos entrado, el Ayuntamiento no ha dado ningún paso serio de cara a su futuro”, han apostillado.

Su proyecto, han concretado, se articula a través de tres espacios. El primero, un bloque de vivienda juvenil autogestionado que les permita emanciparse y “dar vida a los espacios muertos”. El segundo, una oficina donde el colectivo de 'Putas Indignadas' pueda reunirse, hacer contactos y “aquello que no se les permite hacer en ningún otro sitio para desarrollar su activad política”. Y el tercero, un casal independentista que aseguran que no existe en el barrio.

EL CONSISTORIO TRAMITA UNA DENUNCIA

Por su parte, la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, ha admitido que “no nos podemos permitir que una okupación que obedece a la voluntad de desgastar el gobierno, y no de hacer frente la especulación, entorpezca las obras”.

Por eso, ha adelantado, el consistorio ha tramitado una denuncia por vía ordinaria para que se pueda desalojar la finca si no se llega a un acuerdo con las personas que la están okupando. 

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