¿Muerto el perro se acabó la rabia? No. Ni mucho menos, al menos para los vecinos del distrito del Raval. La lucha contra los narcopisos ha resultado un éxito relativo: se consiguieron cerrar muchos de ellos en este degradado barrio, pero la falta de previsión de las Administraciones y sus servicios sociales ha dejado desamparados a cientos de personas que antes utilizaban esos pisos y ahora se hacinan en un puñado de centros o en las mismas calles. Y hay otra realidad aún más preocupante: se han duplicado los puntos de venta de droga en el distrito.
Lo explica Ángel, portavoz de la plataforma Acció Raval: “Las mafias han crecido. Es cierto que desaparecieron unas mafias, pero han aparecido otras que han tomado el relevo. Estas nuevas salen de otros negocios ilegales que había hasta ahora, basados en los hurtos y la venta de mercancía robada. Pero si antes había tres o cuatro puntos de venta de droga, entre ellos uno histórico con más de 25 años de antigüedad en la calle Olmo, ahora hay como mínimo 10 puntos de venta”.
UN PROBLEMA MAYOR
Una quincena de entidades cívicas y vecinales elaboraron este jueves un comunicado sobre el caso de la sala Baluard, uno de los centros emblemáticos del distrito, en la avenida de Drassanes, a cuya puerta se hacinan decenas de personas enganchadas, lo que provoca enormes problemas a los convencinos, no sólo de inseguridad, sino también de posible transmisión de enfermedades o del propio coronavirus.
“El deseado cierre de los narcopisos que todos queríamos ha provocado otro problema aún mayor -señala Ángel-. Hubo actuaciones policiales que terminaron bien, pero estas actuaciones han de ir acompañadas de políticas sociales. Lo que ha pasado es que con el cierre de los narcopisos, la venta se ha trasladado a la calle.Y ya no es sólo la sala Baluard: existe conflicto en la calle del Cid, y en Peracamps, y en Olmo, y en Sant Bertran… Las actuaciones policiales, por sí solas, no son suficientes. Hay que dar otro tipo de respuesta”.
REUNIÓN CON LOS VECINOS
El comunicado de las entidades es muy claro en este sentido: la desaparición de los narcopisos “ha provocado el traslado del problema a las calles y el consecuente colapso de los servicios de atención a las personas que usan drogas en el barrio (…) A pesar de las advertencias continuadas a la Generalitat y al Ayuntamiento por parte de los vecinos, colectivos y entidades, en diversas reuniones y a través de comunicados de prensa, la crisis sanitaria del Covid-19 ha acelerado los efectos que ya habíamos advertido”.
El portavoz de Acció Raval reconoce que “los vecinos lo pasan mal. Este jueves, tuvimos reunión entre algunas entidades sociales y vecinos del barrio. Y estamos de acuerdo en que hay que controlar esta situación. Nosotros creemos que la sala Baluard, u otras similares, son necesarias, porque si la venta está en las calles, el consumo seguirá estando en las calles. Es decir, los vecinos lo pasan mal, pero son necesarias. Por tanto, tal y como hemos hablado en la reunión, lo que habría que tener es una planificación que multiplique estos centros y los reparta para minimizar los problemas. Y no sólo en el Raval, sino que haría falta una planificación en toda Barcelona”.
Las entidades sociales prefieren, pues, tener controlada la situación a través de los Centros de Reducción de Daños (Baluard, por ejemplo, hace las funciones de centro sociosanitario, de sala de venopunción, de centro de reducción de daños y de centro de recuperación de personas). Ahí se controla que el consumidor minimice los daños e incluso se pueden salvar vidas si en un determinado momento tienen un problema de salud.
LA GENERALITAT MIRA PARA OTRO LADO
Lo que está claro es que las razzias policiales no son efectivas. “Lo que ocurre cuando hay una operación de la Policía es que se traslada el problema unas semanas o unos meses. El consumo y la venta se hacen en otras calles y ya está”, subraya Ángel. “No nos cansaremos de repetir que la acción policial por sí sola no soluciona el problema, tal y como recientemente reconocía incluso el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona”, dice el comunicado de la quincena de plataformas.
Pero la culpa no es sólo del consistorio, al revés. Ángel explica que “la venta de drogas es un problema de salud pública y, como tal, depende de la Generalitat. Es el Govern el que tiene mucho que decir en este tema, pero siempre hemos echado en falta su actuación. Es más: ha habido poca voluntad por parte de la Generalitat y nunca hemos encontrado en ella a un interlocutor. Otra cosa es el Ayuntamiento, que sí que se preocupa por el tema y dialoga con nosotros y con los vecinos”. Pero, mientras tanto, el problema crece en el Raval, con centenares de personas vagando por las calles y consumiendo en portales o en las esquinas, a la vista de todo el mundo. Decididamente, en este caso, muerto el perro no se acabó la rabia.