“Aguantar hasta el último día”. No hay otra opción. Esa es la realidad a la que se enfrentan los pocos comercios emblemáticos que sobreviven “a duras penas” en el barrio Gòtic de Barcelona. En el corazón de la ciudad, entre las múltiples tiendas de souvenirs, aún resiste La Casa de les Sabatilles, un negocio familiar de zapatillas y alpargatas con más de 70 años de historia.
Cada mañana, Joan Carles Iglesias, el arrendatario del local ubicado en el número 10 de la calle Baixada de la Llibreteria, sube la persiana sin saber si será el último día de trabajo. Tras 20 años atrapado en un “sinvivir” por su disconformidad con la sociedad inmobiliaria que se apropió del establecimiento, el vendedor espera la resolución del recurso que presentó hace un año ante una orden de desalojo.
Fachada de La Casa de les Sabatilles / M.A.
CONTRATO DE DOS SUBROGACIONES
En 1984 el padre de Joan Carles tomó las riendas de La Casa de les Sabatilles tras haber sido un trabajador de la antigua dueña. Mediante un contrato de dos subrogaciones, compró el negocio por 11 millones de pesetas –66.000 euros aproximadamente–, aunque la propietaria mantuvo el local en propiedad.
El acuerdo garantizaba que, tras la muerte de sus padres, el actual encargado de la empresa podría mantener el comercio. No obstante, cuando en 2001 el establecimiento pasó a manos de la sociedad mediante un contrato de renta vitalicia con la propietaria, empezó la “pesadilla” de los Iglesias.
“FALSAS PUERTAS” DE LA LEY
Poco después del cambio de posesión, comenzó un “acoso” hacia la familia para que abandonara el espacio. “Recibimos inspecciones de trabajo que no venían a cuento, porque aquí está todo en orden con nuestro equipo. No puedo confirmar que tuviesen una doble intención, pero me olía muy raro”, explica el zapatillero a Metrópoli Abierta.
Según cuenta Joan Carles, si hubiesen podido “ejercer el derecho de tanteo y retracto” –que otorga la facultad de adquirir una cosa con preferencia a los demás–, habrían comprado la tienda por 50.000 euros. Sin embargo, el vendedor asegura que la propiedad utilizó "falsas puertas” de la ley para “sobreponer su compra por renta vitalicia” a su derecho a compra preferente.
Joan Carles Iglesias, encargado del negocio, rodeado de cajas de zapatillas / M.A.
“INJUSTICIA Y MARRULLERÍA LEGAL”
La justicia, hasta el momento, “siempre ha estado al lado de la sociedad inmobiliaria”, afirma Iglesias. Por ello, la familia se ha enfrentado durante décadas a “una injusticia y marrullería legal” que “aún perdura”. Según el actual arrendador, el momento “más duro” lo vivió en 2010, cuando su padre falleció “destruido por la impotencia y la frustración”.
Durante ese mismo año, su madre se adueñó del negocio y, tras su muerte, éste debería quedar en manos de Joan Carles, “por la segunda subrogación del contrato inicial”. No obstante, la propiedad actual “daba el contrato de alquiler por extinguido aferrándose, de nuevo, a vacíos legales”, afirma el afectado.
INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO
En la última sentencia del año 2020, la justicia volvió a dar la razón al gigante inmobiliario. “He pasado por diez abogados distintos y todos han tenido que indagar mucho para darse cuenta de que yo tenía razón”, explica el zapatillero.
El comerciante presentó un recurso alegando su “derecho de tanteo y retracto”, y aún espera, desazonado, su resolución. Joan Carles añade que, si el Ayuntamiento de Barcelona “hubiese convertido el local en un bien de titularidad pública”, el problema se habría acabado. No obstante, no confía en dicha solución: “llevo años y años escuchando palabras de apoyo, pero los hechos nunca llegan”, denuncia Iglesias.
Zapatillas y alpargatas de La Casa de les Sabatilles / M.A.
DOBLE PROBLEMÁTICA
Además, la tienda está sufriendo las consecuencias de la crisis del coronavirus. “En el Gòtic no vive prácticamente nadie. Antes venían clientes de toda Cataluña porque nos conocían, ahora el miedo y los confinamientos perimetrales lo impiden. Por no hablar de la caída del turismo. Al final nos arruinaremos”, lamenta Iglesias.
Ante dos frentes abiertos de tal gravedad, Joan Carles no puede evitar plantearse “la realidad de que su negocio familiar se acabe”. Aparentemente, al zapatillero podría tranquilizarle la protección que le otorga su catalogación como “comercio emblemático de grado tres” desde 2015. Pero “asegura que no es suficiente”.
FUTURO INCIERTO
Dicho amparo fija que la apariencia del establecimiento –la fachada, el suelo, el cartel, las estanterías y el escaparate– debe respetarse cuando se traspase a otra persona. No obstante, el comerciante afirma que en los locales emblemáticos de su alrededor la realidad es distinta. “Si un nuevo alquilado cambia la estética, como mucho recibirá una multa de 1.000 euros. Eso no asusta, y la memoria histórica cae en el olvido”, sentencia el inquilino.
“Nos estamos quedando sin el Gòtic”, comenta preocupado Iglesias. Por su parte, asegura que él seguirá luchando “por lo que es suyo” hasta que “vengan a la puerta con la orden judicial final”. Mientras tanto, aguanta con “esperanzas a que se haga justicia” o que el Ayuntamiento le ayude “de una vez por todas”.