Nuevo frente judicial abierto contra el Ayuntamiento. A la querella contra Janet Sanz, por el caso del Hotel Buenos Aires, y a la denuncia contra Ada Colau, por las millonarias ayudas a entidades amigas, se sumará la próxima semana otro proceso que encabezará el gimnasio Sant Pau, ubicado en la ronda de Sant Pau, en el Raval.
El Sant Pau es un centro deportivo que realiza una importante labor social en el barrio y que, durante este año de pandemia, se ha convertido en un lugar para personas vulnerables a las que se ha proporcionado ropa, comida y servicio de duchas. Detrás de la denuncia contra el consistorio está la reactivación de la licencia de obras municipal, paralizada desde 2019, para construir viviendas privadas.
APROBADA LA COMPRA POR EL PLENO MUNICIPAL
Sobre el Sant planea una orden de desahucio. La próxima fecha fijada es el 30 de abril. Con anterioridad, el desalojo se logró paralizar en un intento de la propiedad y el Ayuntamiento de alcanzar un acuerdo para que el edificio pasara a manos municipal, pero de momento no ha fructificado. El pleno del Ayuntamiento aprobó en mayo de 2018 la adquisición de la finca para hacer pisos públicos y salvar el espacio.
El director del gimnasio, Enric Morera, sostiene que si finalmente les echan el Ayuntamiento estará denegando el derecho a la vivienda a más de un millar de personas -atienden a 1.066- y valora que si la finca va al suelo el gobierno de Colau podría estar incurriendo en una destrucción del patrimonio público y la no preservación de la que consideran una edificación típica del Raval.
DE LAS NACIONES UNIDAS A LA SÍNDICA
Con la puesta en marcha de la querella, el gimnasio busca que el juzgado decrete medidas cautelares y se paralice el desahucio. Paralelamente, el Sant Pau se ha puesto en contacto con el alto comisionado de las Naciones Unidas para que recomiende que el lanzamiento no se ejecute.
El gimnasio cuenta con el apoyo de la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, y de partidos como ERC , JuntsxCat y Ciutadans, entre otros. Vilà, que hace años que defiende la labor del centro, afirma que su trabajo no se puede perder y ha instado al gobierno a encontrar una solución. Ernest Maragall, líder de los republicanos, se ha mostrado favorable a la expropiación.