En el local okupado del número 26 de la calle de Piquer de Barcelona se venden y consumen drogas. Es uno de los narcopisos activos de Ciutat Vella. Los narcotraficantes también duermen en estos bajos que carecen de cédula de habitabilidad. La actividad de media docena de personas, instaladas desde abril de este año, ha alterado la convivencia en esta zona del Poble-sec. Las peleas son frecuentes y la policía visita la zona varias veces al día. Existe cierta desesperación entre los vecinos, que este verano han visto como un juez ha archivado las denuncias: Considera que la okupación no es conflictiva.

La decisión judicial cayó como un jarro de agua fría en el barrio. También en el Ayuntamiento, que ha criticado duramente al magistrado. "Un juez se ha negado a ordenar un desahucio porque no ve delito. Aquí tenemos un problema con algunos jueces insensibles. Que venga a vivir aquí...", exclamaba el regidor de Sants, Marc Serra (Barcelona en Comú) en el último Consell de Barri del Poble-sec del 25 de octubre.

"ESTO PARECE LA RAMBLA"

Entre los vecinos indignados se encuentra Mercè, residente en la calle de Piquer, que no entiende el archivo de la causa judicial. "Cuando vienen a buscar droga esto parece la Rambla. Aquí se han encontrado objetos robados, móviles, por ejemplo. He visto a las víctimas llegar corriendo al local persiguiendo a los ladrones y de dentro han salido con cuchillos amenazándoles", explica la mujer.

 

Los vecinos se aferran ahora a un segundo procedimiento judicial abierto por la vía civil. Además, el Ayuntamiento ha redactado un informe que avala la situación de infravivienda del local, lo que abriría una "tercera vía" para lograr el desahucio. Así lo explicaba hace unas semanas el concejal Serra, que reprochaba la falta de "implicación" de la propiedad del espacio, un matrimonio que ronda los 70 años. Mercè explica que los Mossos "presionaron" a los titulares para que denunciasen, ya que al principio no mostraban señales de querer hacerlo.

ARCHIVO DEL CASO

La noticia del archivo judicial se conoció en junio. El presidente de la Unió d'Associacions de Veïns del Poble-sec, Sergi Gàzquez, teme que se repita el drama de plaza de Tetuan del pasado martes cuando cuatro miembros de una familia –incluido un bebé y un niño– que vivía en otro local ocupado murieron víctimas de un incendio. "Aunque ahora están más calmados, el problema está bien vivo en el barrio. Sufrimos por si se produce un incendio", comenta. El patio interior que comunica el local con el edificio colindante está lleno de restos y escombros.

La Guardia Urbana visita el local tres veces al día y los vecinos como Mercè lo agradecen. Desde el Ayuntamiento, el regidor de Barcelona en Comú insistía en que su compromiso es del "100%" para lograr expulsar a la "mafia" y garantizar, así, el "descanso de los vecinos". Los Mossos d'Esquadra confirman el foco de problemas que representa este amplio local. "Tenemos constancia de la problemática y de la preocupación que genera en los vecinos. Las personas que residen en este lugar han protagonizado diversos incidentes y peleas. Estamos encima", comenta una portavoz del cuerpo.

RELEVO DE 'OKUPAS'

Por el local han pasado dos grupos de personas. Los ocupantes anteriores, causaban menos problemas, pero estaban relacionados con la venta de marihuana, según explica el trabajador de un supermercado cercano. El establecimiento ha sufrido varios robos por los okupas, aunque ahora la cosa está "más tranquila". Los primeros individuos pedían comida perecedera al supermercado y, en una de estas entregas, un empleado pudo ver el interior. Cuenta que el espacio es amplio, de unos 15 o 20 metros de profundidad, con varias habitaciones. En ese momento, a principios de 2021, había una gran televisión, consolas y varios sofás. 

En abril, con el relevo de okupas, se vivió un episodio que para Mercè fue clave y que podría haber evitado el escenario de conflictos de estos meses. La mujer vio como instalaban la actual puerta reforzada en el local. Pensaba que los dueños, finalmente, habían logrado desalojar el lugar y que cambiaban la puerta. Nada más lejos de la realidad. Los nuevos inquilinos furtivos se estaban blindando en el espacio. Vino una patrulla de los Mossos, hablaron con ellos y se fueron, según relata la vecina. "Si ese día hubiesen llamado a los propietarios esto se habría evitado", señala.

NARCOPISO Y 'PENSIÓN'

Desde la entidad vecinal, Sergi explica que en otras okupaciones relacionadas con el tráfico de drogas sí se ha logrado su expulsión siguiendo el procedimiento judicial y partiendo de las denuncias vecinales y la actuación policial. "Siempre había funcionado, pero en este caso no ha sido así", se lamenta. Fuentes vecinales señalan que una avería en una tubería ha provocado un grave problema de humedad en una de las viviendas del edificio contiguo. Sus inquilinos no abren las ventanas que dan al patio anterior desde el abril para evitar que penetre el relente.

Por las noches el local aloja habitualmente a personas que viven en la calle y que buscan cobijo. Los traficantes, que también duermen aquí, no lo ceden gratis y cobran un dinero por dormir en este espacio que no cumple los requisitos mínimos de salubridad y de seguridad.  

El regidor de Seguridad, Albert Batlle, el primer teniente de alcalde Jaume Collboni y hasta la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han desfilado por la calle de Piquer para conocer de cerca esta problemática. Pero debe ser un juez el que ordene el desahucio. De momento, los vecinos del barrio cruzan los dedos para que el segundo procedimiento judicial resuelva de una vez por todas la situación.

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