Obras en la vía Laietana / CEDIDA - ALBERTO MEJÍAS
Vecinos y entidades critican la reforma de Via Laietana en Barcelona: "Vivir en el Gòtic es cada vez más difícil"
Tras más de tres años de obras, aplauden la finalización de la reforma de una arteria emblemática, aunque advierten de importantes deficiencias en el modelo de movilidad adoptado
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Las obras de reurbanización de la Via Laietana han llegado a su fin tras más de tres años de trabajos. La transformación ha sido recibida con satisfacción por buena parte del tejido vecinal, económico y empresarial de la ciudad, aunque, al mismo tiempo, han mostrado su preocupación por los efectos que puede tener sobre los vecinos y comercios.
Más de 30 entidades que forman parte de la plataforma Taula Mou-te per Barcelona han denunciado que la reforma se ha ejecutado sin consenso ciudadano y alertan de que la pérdida del doble sentido de circulación pone en riesgo la funcionalidad de una vía clave para Ciutat Vella.
Las entidades reconocen que la renovación ha mejorado la accesibilidad peatonal y la calidad del espacio público. “Consideramos positiva la transformación urbanística de esta vía emblemática, que conecta mar y montaña y vertebra el distrito de Ciutat Vella”, aseguran.
Obras de la Via Laietana, en una imagen de archivo.
No obstante, critican con firmeza que el proyecto se haya impulsado “con un único objetivo: restringir drásticamente la circulación del vehículo privado entre un 20% y un 30%, según el Ayuntamiento de Barcelona”.
Derecho al uso de la vía
La reforma ha convertido Via Laietana en un bulevar con un único carril de subida compartido por transporte público y vehículos privados, sin escapatorias a lo largo de un kilómetro. Esta nueva configuración, aseguran las entidades, “genera colapsos circulatorios y reduce severamente la funcionalidad de una vía clave para el acceso a Ciutat Vella, especialmente para trabajadores, servicios, comercio, restauración y transporte de mercancías”.
"El Ayuntamiento no ha dudado de limitar el uso del carril de subida de los vehículos. Tenemos vehículos que están en un parking en Capellans y que están obligados a ir hacia el mar", explican fuentes de la asociación vecinal a este digital.
"Es contradictorio que se niegue el derecho de los coches del barrio a hacer uso de la vía y que en nombre de la pacificación se tenga que contaminar mucho más", denuncian.
Obras en la vía Laietana
Sin consenso de vecinos ni comercios
Desde la plataforma explican que trasladaron sus propuestas de movilidad al alcalde Jaume Collboni y mantuvieron múltiples reuniones con responsables municipales de urbanismo y movilidad, pero denuncian que “las aportaciones del tejido vecinal y empresarial no han sido escuchadas”.
Las entidades firmantes lamentan que el proceso participativo previo fuera “parcial y sesgado”, y reclaman una estrategia integral de movilidad urbana.
“Peatonalizar, sí; cortar el tráfico, no. La movilidad debe ser compatible con la sostenibilidad, pero también con la realidad de las personas que vivimos y trabajamos aquí”, reivindican.
Además, han exigido una política de movilidad más inclusiva, que contemple también el transporte privado sostenible y preserve la conectividad esencial de ejes estratégicos como la Via Laietana.
Riesgo de expulsión
Por su parte, los vecinos del Gòtic también se sienten agraviados. Denuncian que no podrán disfrutar de los mismos usos de la vía que otros barrios como Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera o la Barceloneta. Aseguran sentirse “marginados” y temen que el distrito acabe convertido en un simple decorado turístico.
"No nos parece de sentido común. Vivir y trabajar en el Gòtic es cada vez más difícil", apuntan fuentes vecinales en conversación con Metrópoli.
"Se está produciendo una expulsión de la gente que vive y que tiene trabajo de comercio local. Solo van a querer venir a vivir aquí gente que está de paso o tiendas dirigidas al turismo", añaden las mismas fuentes.
Una peatona y un ciclista utilizando a la vez el carril amarillo de la via Laietana en su parte más ancha / V.M.
Procesos judiciales
La polémica ha llegado también a los tribunales. Varios recursos contenciosos-administrativos cuestionan la legalidad de la intervención.
Según apuntan desde la plataforma, en uno de ellos, el juzgado ha dado la razón a los demandantes al considerar que el consistorio no tramitó correctamente la modificación del Pla General Metropolità ni presentó estudios sobre los impactos que el proyecto podría generar.
"Esta decisión pone en duda la validez jurídica de la actuación y abre la puerta a posibles revisiones en un futuro", aseguran en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
