Fachada del Café Ocaña en la plaza Reial de Barcelona
La Justicia condena a Barcelona a pagar medio millón al Café Ocaña de la plaza Reial por precintar el sótano cuatro años
El Ayuntamiento mantuvo cerrado el espacio subterráneo entre 2014 y 2018 tras detectar que funcionaba como discoteca sin licencia
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Varapalo judicial al Ayuntamiento de Barcelona. El titular de la plaza 7 del Juzgado Contencioso-Administrativo número 7 de la ciudad ha condenado al consistorio a pagar una indemnización de 564.644 euros a las empresas que representan el famoso Café Ocaña, ubicado en la plaza Reial, por precintar el sótano del local entre 2014 y 2018.
Según consta en la sentencia consultada por Metrópoli, el cierre de la planta subterránea “no tenía encaje legal”, pese a constatar que funcionó un tiempo como discoteca sin disponer de la debida licencia. Asimismo, el tribunal ha considerado que la administración debería haber adoptado medidas “menos gravosas y proporcionadas”.
El magistrado ha estimado así el recurso en favor de Aramesa, S.A. y CAFÉOCAÑA, S.L, contra la negativa del Distrito de Ciutat Vella a reconocer la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, aunque la sentencia no es firme.
Discoteca
Desde el consistorio, argumentaron que la actuación municipal fue “necesaria, racional y proporcional”, ya que quedó “absolutamente” acreditado el incumplimiento “constante, grave y reiterado” de las Ordenanzas Municipales.
Los agentes de la Guardia Urbana verificaron que el bar abrió una discoteca sin tener la licencia correspondiente, con DJ, un equipo de música “desmesurado”, sala de baile y clientela bailando.
Terraza del Café Ocaña en la plaza Reial de Barcelona
El Ayuntamiento justificó el precinto, acordado el 18 de diciembre de 2014, en que las empresas del Café Ocaña no habían actuado conforme a derecho ni habían solicitado las autorizaciones o licencias necesarias para desarrollar esta actividad, ni habían superado las inspecciones requeridas.
“Era previsible para las actoras el cierre de su actividad por el consciente, deliberado, grave y renuente incumplimiento de sus obligaciones“, reza en la resolución.
Medidas desproporcionadas
El magistrado, no obstante, concluye que hubo un funcionamiento “anormal” o “errático” del Ayuntamiento porque procedió a precintar el local cuando todavía estaba pendiente de resolver un recurso de alzada presentado por las empresas contra la orden de cese de la actividad.
“La Administración no puede eximirse al haberse producido una defectuosa notificación de una resolución administrativa”, argumenta.
Café Ocaña de Barcelona
Además, el juez reconoce que el Ayuntamiento tenía derecho a intervenir y controlar la actividad irregular que se estaba desarrollando, pero considera que no podía precintar la totalidad del espacio, ya que este también estaba amparado por la licencia de bar-restaurante.
“Ese precinto, ni más ni menos que durante un periodo de cuatro años, no tenía encaje legal, ya que no se trataba de una actividad clandestina, sino de un incumplimiento de las condiciones de la licencia de bar-restaurante otorgada, debiendo adoptarse medidas menos gravosas y proporcionadas que las previstas en el procedimiento sancionador”, esgrime.
El tribunal afirma asimismo que el precinto superó “con creces” el límite temporal previsto legalmente, incluso en el supuesto de que la infracción hubiera sido calificada como grave o muy grave. Al impedir durante cuatro años el desarrollo de una actividad que sí estaba autorizada, el Ayuntamiento causó un perjuicio económico a las empresas que, según la sentencia, genera responsabilidad patrimonial.
