Un congreso aborda la recuperación económica desde los fondos Next Generation

Zaragoza ha acogido los días 10, 11 y 12 de noviembre, el I Congreso Internacional sobre El desafío de la recuperación y el papel de la contratación pública, impulsado por los distintos Observatorios de contratos públicos y la Cátedra de la Contratación pública local de la Universidad de Zaragoza.

El Congreso ha contado con la participación de reconocidos especialistas en la materia y ha servido para intercambiar experiencias y propuestas sobre cómo los Estados de la Unión Europea se están organizando para cumplir con los objetivos de recuperación económica y transformación que persiguen los Fondos Next Generation EU.

AYUDAS PARA SALIR DE LA CRISIS

Todos los participantes han coincidido en que el momento actual es crucial. La Unión Europea ha apostado por ayudar decididamente a los Estados a salir de la crisis. España puede optar a 140.000 millones de euros. El reto es mayúsculo y nuestras Administraciones deben ser capaces de poder asignar estos fondos con celeridad y agilidad en proyectos de inversión que conviertan nuestro país en un país más sostenible, resiliente, digital y socialmente justo.

En la conferencia inaugural del catedrático de Derecho Administrativo y Presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, destacó que la regulación que se ha aprobado para la ejecución del Plan de Recuperación transformación y Resiliencia (Real Decreto ley 36/2020) adolece de importantes dificultades de interpretación, lo que puede poner en riesgo la ejecución del plan. El catedrático, que es el referente del derecho administrativo en España, sugirió propuestas de mejora que podrían incorporarse fácilmente en nuestro ordenamiento con ocasión de la actual tramitación como proposición de ley del Real Decreto Ley citado.

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Modificar los contratos existentes para transformar los activos públicos gestionados por los concesionarios de servicios, contar con los operadores económicos con contratos vigentes para adjudicarles proyectos transformadores o permitir e incentivar que la iniciativa privada pueda promover convocatorias de subvenciones para proyectos innovadores son solo algunas de las propuestas que facilitarían cumplir con los breves plazos que Europa ha otorgado a España para aplicar los fondos.

Un momento del congreso de Zaragoza / CEDIDA

También se ha insistido en que la Administración General del Estado no puede ser un cuello de botella para la aplicación de los fondos. Por tanto, se recordó que la decisión sobre el destino y ejecución de los fondos debe corresponder a las Administraciones públicas con competencia en la materia, y no solo a la Administración General del Estado.

El catedrático de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliú, fundador del Observatorio de Contratación Pública y organizador del Congreso internacional también sugirió ser ambiciosos. "Estamos ante una situación excepcional en la que son necesarias soluciones excepcionales. Los fondos no pueden aplicarse con los criterios de la gestión administrativa ordinaria. Hay que interpretar el ordenamiento según el contexto y finalidad de los fondos, de modo que la celeridad y el resultado deben ser los criterios preponderantes. Hay que facilitar que los fondos dinamicen nuestra economía para salir de la crisis, simplificar los controles previos a cambio de reforzar los controles en la ejecución".

INTERVENCIÓN DE ROCA JUNYENT

En el cierre de la jornada intervino Miquel Roca Junyent, que trasladó un mensaje positivo a todos los asistentes: "Si España fue capaz de llegar a acuerdos importantes durante la transición, ahora, la salida de la crisis y la trasformación de nuestro país para las generaciones futuras no han de quedar frustradas por reglas de procedimiento administrativo, que son responsabilidad de toda la comunidad jurídica. Es un reto colectivo para todos los juristas. La Academia ha demostrado en el Congreso de Zaragoza que es capaz de ofrecer soluciones. Ahora es el momento de que se le escuche desde el Parlamento". Roca propuso que se constituya una comisión ad hoc de expertos en el Congreso para que regule las soluciones que está ofreciendo la Universidad.

La intervención del director general de Red.es, Albert Martínez Lacambra, y del interventor general del Gobierno de España, Pablo Arellano, puso también de manifiesto que en estos momentos los operadores públicos necesitan un marco de seguridad jurídica que les permita la asignación rápida y eficaz de los fondos, y que la Comisión Europea no cree impedimentos y dificultades que entorpezcan la consecución de este gran reto europeo.