El Ayuntamiento de Barcelona ha encargado el asesoramiento jurídico laboral externo para la empresa pública Barcelona Activa al bufete FJM Advocats, un despacho al que en diciembre de 2021 ya encargó los pleitos por las multas que se habían interpuesto en la ciudad durante la pandemia. Si con ese encargo reforzaba el área de lo contencioso-administrativo del consistorio durante dos años, ahora quiere blindar por cinco años el asesoramiento laboral de la empresa pública citada. El contrato, que asciende a 125.840 euros, debería finalizar el 1 de marzo de 2014, según prevén las cláusulas. Pero existe la posibilidad de que se prorrogue hasta tres años más.
En otras palabras, Colau acaba mandato este mes de mayo y, aún sin saber si podrá continuar en el cargo, deja atado un sencillo contrato de asesoría durante cinco años, de tal modo que estará en vigor durante toda la próxima legislatura, gobierne quien gobierne, y aún durará un año más. En realidad, los responsables municipales han hecho una reserva de crédito para cubrir el contrato de 434.146 euros.
EL TRABAJO A REALIZAR
¿En qué consiste el contrato para este dispendio de un volumen económico considerable? Pues, según se especifica en un documento del propio Ayuntamiento, para asesorarlo en los ámbitos específicos de derecho laboral, Seguridad Social, negociación colectiva y función pública. El bufete deberá representar a la empresa ante toda clase de organismos administrativos, como inspecciones de trabajo, servicios de conciliación individuales y servicios de mediación y arbitraje de carácter colectivo. También deberá defender al consistorio ante organismos jurisdiccionales y asesorar a los directivos de Barcelona Activa “en las reuniones con la representación de los trabajadores en temas que tengan por objeto la instauración o modificación de convenios colectivos, expedientes de regulación de empleo y modificaciones sustanciales de carácter colectivo”.
El despacho asesorará a la Administración de dos maneras: con servicios a cuota fija y a cuota variable. Los primeros son documentos normales de carácter laboral y de ellos quedan excluidos los informes de alta complejidad. En los servicios de cuota variable sí que entran ese tipo de informes, que requieren la participación de especialistas en la doctrina o jurisprudencia a tratar o que tengan que ver con cuestiones reguladas a nivel de Derecho comparado.
CONVENIO COLECTIVO EN NEGOCIACIÓN
El bufete va a tener trabajo: Barcelona Activa tiene 420 trabajadores y contrata también a un volumen importante de personas usuarias de las diferentes políticas activas de empleo que ejecuta la compañía. Su comité de empresa está compuesto por 23 personas, en representación de CCOO, UGT y la Intersindical-CSC. Las condiciones laborales se regulan por un convenio laboral que se encuentra en situación de prórroga desde el año 2000 y que actualmente está en fase de negociación, ya que fue denunciado por la empresa el 21 de mayo de 2021. Según el Ayuntamiento, el equipo jurídico del organismo público no tiene suficientes medios para atender ese volumen de trabajo.
De hecho, el contrato debería haberse formalizado el año pasado e incluso comenzó a confeccionarse el procedimiento de contratación a finales de 2021. Pero un recurso especial dejó en suspenso la tramitación del contrato hasta enero de este año. La mesa de contratación no pudo tomar, así, ninguna decisión hasta este mes de abril, cuando fue finalmente adjudicado a DJM Advocats, uno de los tres despachos que optaban al servicio.
UNA SÓLIDA TRAYECTORIA
El fundador del despacho, Francesc José María Sánchez, fue gerente del ICS (Institut Català de la Salut) entre 2006 y 2008. En la actualidad, es también asesor de varias patronales: la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat (FEATE), la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), y la entidad Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat). Al mismo tiempo, es miembro del comité de ética del Consorci Parc Mar Salut (el Hospital del Mar), de Serveis Socials de Catalunya y del Consorci Sanitari Integral. Por otro lado, pertenece al consejo asesor de la Fundació Ajuda i Esperança (Teléfono de la Esperanza). En el 2020, recibió la Medalla al mérito profesional de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos (por su aportación a la cultura de la paz y el diálogo).
La contratación de una asesoría para llevar los temas patronales de la empresa pública denota que, a la hora de defender intereses, no hay ideología que valga. El Ayuntamiento, por muy de los comunes que sea, pues, va a hacer prevalecer sus derechos de patronal por encima de cualquier circunstancia. Ello no es negativo per se, aunque sí chocante ante otros planteamientos que el equipo de gobierno hace prevalecer en su gestión ordinaria, al rechazar las relaciones y reglas de juego existentes hasta ahora, como en el tema de la okupación de viviendas, el turismo, el tráfico, el comercio o la restauración, por ejemplo.