El Govern ‘castiga’ a propietarios de viviendas con el riesgo de encarecer más el alquiler en BCN

El Govern interviene en el residencial de Barcelona. La resolución de la ley de vivienda del Gobierno, que indica que un propietario será gran tenedor con cinco pisos, encarecerá aún más el alquiler de la capital catalana.

La medida, que el Govern ha recogido y adaptado, puede acrecentar el problema residencial de Barcelona. Muchos de los propietarios particulares de pisos en alquiler tendrán que someterse a la Ley de la vivienda, como si fueran grandes sociedades inmobiliarias. Ello comporta que planteen virar hacia el mercado de la compraventa, generando aún más escasez de pisos en el mercado y dejando el parque residencial en manos de grandes fondos, que especulan con el precio del suelo de la capital catalana. El inmobiliario barcelonés ya ha detectado que, para ahorrarse los rompecabezas del alquiler, muchos particulares han puesto a la venta viviendas para invertir en otros sectores.

SITUACIÓN PARECIDA A 2020

Al disminuir la oferta, se incrementará el valor de mercado. La situación es parecida a cuando en 2020 ya se estableció un primer control sobre el precio de los alquileres en Catalunya, que provocó que el 42% de los contratos tuvieran una renta por metro cuadrado superior al precio de referencia. "Se observará una caída significativa de la oferta: cuando venzan los contratos los dueños pondrán los pisos a la venta", señaló José García Montalvo, profesor de la UPF, sobre esta medida.

Cartel de una vivienda de alquiler en Barcelona / ARCHIVO

La caída de la oferta también llegará porque la rentabilidad de los inmuebles se reducirá y muchos querrán salir al mercado. Para Gonzalo Bernardos, profesor de economía en la UB, "algunos propietarios decidirán vender, otros dedicarse al arrendamiento de temporada o al de habitaciones y unos pocos simplemente dejarán vacíos los inmuebles". Esto provocará una contracción paulatina de la oferta, que no quedará compensada por un aumento de la vivienda pública de alquiler.

MERCADO NEGRO Y FUGA DE TALENTO

El economista también apunta que esta situación podría dar alas al mercado negro integrado por un creciente número de propiedades. En el caso de los pocos que consigan un alquiler convencional, este no podrá ser en los barrios o en los distritos donde desean; si bien por la falta de oferta, si bien por la poca rotación de inquilinos que habrá.

Por último, destaca que esta falta de vivienda puede ser especialmente sangrienta en Barcelona. La falta de oferta dificultará la atracción de talento empresarial y desalentará la instalación en ellas de nuevas startups o grandes empresas.

PRECIOS DE RÉCORD EN BARCELONA

La preocupante situación del residencial barcelonés llevó al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a declarar la ciudad como zona de vivienda tensionada en una de sus primeras decisiones al frente del Ayuntamiento. La medida implicaba “topar” el precio del alquiler, con la intención de convertirse en “la primera ciudad de España” en aplicar la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el primer trimestre de 2023, los precios del alquiler de Barcelona batieron un nuevo récord, con un precio medio de 1.087 euros mensuales, el mayor de España y por encima del salario mínimo interprofesional. La cifra es casi el triple que hace veinte años, cuando un alquiler en la capital catalana tenía un precio medio de 387 euros.

Una finca de alquiler social en el Eixample de Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La búsqueda de pisos compartidos tampoco está aligerando el problema y Barcelona ya se ha convertido en la ciudad estatal con los alquileres de habitaciones más caros, con una media de 485 euros mensuales, según Idealista. En el último año, la oferta de alquiler compartido en la capital ha aumentado hasta un 63%, pero los precios también han escalado un 8%.

MÁS VIVIENDA PARA BARCELONA

Todo ello ha provocado que vivir en Barcelona parezca un lujo. Para ello, el consistorio barcelonés quiere flexibilizar la reserva del 30% para vivienda pública en las promociones urbanísticas, que aprobó el anterior equipo de gobierno, que dirigía Ada Colau, al entender que "no ha funcionado". El interés es lograr que el sector privado se implique y para ello es necesario, a juicio de Collboni, reformular ese requisito.

El objetivo es "aumentar la oferta de vivienda", ya sea a través de promoción pública, o público-privada. "Lo que debe contar es la colaboración, con varias fórmulas, sin recetas mágicas, pero lo que no podemos hacer es resignarnos y esperar la lógica del mercado, que sabemos que no lo arregla", señaló Collboni, quien insistió en proteger "a los pequeños propietarios".

RECURSO JUDICIAL

La Generalitat está pendiente de que la medida pueda ser tumbada en los tribunales. Las entidades representativas del sector inmobiliario recurrirán la medida, si bien el Govern asegura que espera que los tribunales tengan en cuenta "los derechos que están en juego".