El ERE de Stuart en Barcelona se encarniza: los sindicatos amenazan con la vía judicial

Lucha encarnizada por mantener a flote las oficinas --y empleos-- de Stuart en Barcelona. CGT busca evitar que la plataforma de delivery culmine su plan de retirarse por completo de España --afectando particularmente a la capital catalana--, gracias a un expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado en abril por el que quiere deshacerse de más de 400 trabajadores.

Para ello, el sindicato amenaza con llevar a juicio a la compañía, propiedad del fondo alemán Mutares tras detectar en todo el proceso "varias causas que podrían propiciar la nulidad del expediente", explican a Metrópoli. Pero abren la puerta a negociar con el objetivo de minimizar el número de despidos y procurar las mejores indemnizaciones posibles para los trabajadores cesados.

Buenas indemnizaciones

"Estamos abiertos a que Stuart haga una buena oferta y, si los trabajadores así lo quieren y lo aceptan en asamblea, podemos llegar a acordar unas condiciones y que se lleven a cabo los despidos", aclara el sindicato.

En este sentido, las claves para aceptar el expediente pasan por ofrecer buenas indemnizaciones y "adhesiones voluntarias al ERE por parte de los empleados", señalan. Ya desde un principio, Stuart anunció que extinguiría todos los contratos a repartidores, pero también a la mayoría de personal de oficina, que se quedaría bajo mínimos solo "para el mantenimiento de la app y la plataforma", que seguirá operando en otros países.

Un repartidor de la compañía barcelonesa Stuart / STUART

El número de salvados, que afecta en su mayoría a los trabajadores de la capital catalana, ha aumentado tras las primeras conversaciones entre sindicatos y empresa hasta los aproximadamente 70 trabajadores. No obstante, "el objetivo es alcanzar entre los 90 y los 100 contratos mantenidos", señalan. Se trata del mantenimiento de puestos como informáticos, recursos humanos y servicios centrales, entre otros departamentos.

"En caso contrario, llevaremos el ERE a la Audiencia Nacional pidiendo su nulidad", aseveran, en un proceso en el que cuentan con no solo los servicios jurídicos del sindicato, sino también con el bufete de abogados laboralistas Colectiu Ronda y la colaboración de letrados independientes.

Entre otras cuestiones, pues los representantes de los trabajadores optan por que no trasciendan para que no afecte a un posible proceso judicial, se encuentra el futuro de los 164 falsos autónomos que no cambiaron su régimen a asalariado --como sí hicieron el resto de repartidores-- cuando entró en vigor la ley rider. Fuentes conocedoras de la negociación apuntan también a "ciertas informaciones" que la empresa "ha intentado ocultar" y que afectan al grupo internacional. Sentencian, además, que las posiciones de empresa y sindicato "siguen muy alejadas".

Comprada por un euro

Y es que Stuart nació a caballo entre Barcelona y París en 2015 como una filial de Geopost especializada en el reparto de última milla. Esta, a su vez, es una filial de La Poste, la empresa pública de Correos en Francia. En agosto de 2023, el fondo alemán Mutares se hizo con Stuart por solo un euro en concepto de precio simbólico.

Recientemente, el sindicato ha descubierto que la venta vino con un regalo en forma de cláusula por la que la francesa guardaba para la alemana unos 80 millones de euros para usos concretos, tales como "la reestructuración de la empresa o hacer frente a demandas", explica CGT.

El sector del delivery, hacia el monopolio

Se trata de una suma que llega como caída del cielo para la compañía "en un momento de crisis en el sector del delivery (...) que tiende cada vez más a un monopolio" dominado por la estadounidense Uber Eats y la alemana Delivery Hero, propietaria de Glovo. "Sin embargo, recientemente Uber ha entrado en el capital de Delivery Hero", detallan.

Precisamente, el sindicato mayoritario ya explicó que tras el intento de marcha de Stuart en España se encontraban pérdidas --de casi 26 millones desde 2019-- provocadas por una "mala gestión de la competencia salvaje" que hacían los gigantes del delivery con los grupos más pequeños. Estas grandes startups han podido mantener el régimen de falsos autónomos a la vez que abonaban las sanciones impuestas por Inspección del Trabajo a diferencia de las más pequeñas, que en los últimos años han acatado la legislación o han abandonado el país, como es el caso de Deliveroo, Gorillas o Getir.

A la edición de este artículo, Stuart no ha respondido a las peticiones de información formuladas por Metrópoli.