Jordi, víctima de okupación en L'Hospitalet: "Alquilé mi piso por debajo del precio de mercado, nunca he querido especular"

“No me iré de aquí”. Ese fue el mensaje que Jordi, vecino de Barcelona, recibió de su inquilina el pasado mes de mayo, cuando finalizó su contrato de arrendamiento de cinco años y tras acumular meses y meses de impagos.

Pese a que el piso se alquila por debajo del precio de mercado, la joven arrastra retrasos en el pago de las mensualidades desde diciembre de 2023. Durante este tiempo, ha expulsado de la vivienda a su marido y a su suegra -con quienes compartía el contrato- y ha subarrendado de forma ilegal las habitaciones que quedaron libres.

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Actualmente, hay tres personas empadronadas en el apartamento: la inquiokupa, su nueva pareja y la hija que tiene con su ex.

Alquiler social

Jordi y su mujer compraron en 2003 un piso en el barrio de Santa Eulàlia de L’Hospitalet de Llobregat, donde vivieron hasta 2010. Ese año decidieron mudarse al piso de su padre en Barcelona, que recientemente había fallecido, y pusieron el apartamento libre en alquiler.

“Lo cedimos a la bolsa de mediación de alquiler social de L’Hospitalet. Nosotros nunca hemos querido especular con la vivienda”, afirma Jordi en una entrevista con Metrópoli.

Durante diez años, formaron parte del programa de alquiler asequible, hasta que en 2020 el inquilino que residía entonces se mudó a El Carmel.

“Avisó con muy poco tiempo. Fue entonces cuando nos planteamos ofrecer el piso a la cuidadora de mi madre. Sabíamos que en una sola habitación, en La Torrassa y en pleno confinamiento, vivían tanto la señora, como su hijo, la nuera y la nieta, que era muy pequeña”, narra el propietario.

Piso okupado en L'Hospitalet de Llobregat Cedida a Metrópoli

Tras visitar la vivienda, la familia aceptó mudarse al nuevo domicilio.

“Es un apartamento con tres habitaciones, dos baños, calefacción, aire acondicionado y ya amueblado. Les dijimos que se lo ofrecíamos por el mismo precio que el anterior inquilino, 700 euros”, añade Jordi.

Echa del piso a los familiares

Al principio, cuenta Jordi, todo fue bien. Sin embargo, en diciembre de 2024, coincidiendo con el fallecimiento de la madre del barcelonés, este se enteró de que una de las inquilinas -la nuera de la cuidadora- había echado del piso a su marido y a su suegra y se había quedado la vivienda para ella sola.

“Me llamaron diciéndome que les había cerrado la puerta y que no les dejaba entrar a buscar las cosas que todavía quedaban ahí”, explicó.

El conflicto escaló hasta tal punto que una noche los Mossos d’Esquadra se personaron en la vivienda y la nuera denunció a su marido por malos tratos.

Un agente de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo David Zorrakino - Europa Press

Impagos

Fue en ese momento que empezó la odisea.

“No contestaba al teléfono ni a los mensajes. Le dije que le daba un tiempo para encontrar trabajo, hasta abril, porque el primer mes que se quedó sola ya no me pagó. También le pedí dejara a sus familiares recuperar las cosas del piso”, explica el propietario.

Nada de eso pasó. La inquiokupa abonaba el dinero un mes sí y al otro no, cuando recibía un burofax de Jordi.

Subarrendamiento

Además, el propietario se enteró a través de los vecinos de la finca que la inquiokupa había empezado a realquilar las habitaciones que habían quedado libres y que, más adelante, se las había ofrecido a familiares a cambio de que cuidaran a su hija durante el día.

Al llegar abril, la mujer le pidió que le alargara la estancia hasta finales de año y dos meses más tarde le llamó por primera vez en meses.

“Qué sepas que estoy grabando esta conversación porque así me lo ha aconsejado mi asistenta social. Aunque mi suegra y mi ex ya no estén en el piso, el contrato sigue a mi nombre y puedo quedarme hasta mayo del 2025, cuando finaliza”, le dijo.

Una foto de archivo de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona

Como en aquel momento tan solo le debía un mes y no buscaba generar más conflicto, Jordi aceptó, aunque le advirtió de que no le renovaría el contrato.

Y así se lo comunicó en diciembre de 2024, momento en el cual la inquilina dejó de pagar las mensualidades.

La demanda

Harto de esperar y sin poder mantener el contacto con la inquilina, Jordi presentó una demanda, pero no fue hasta este octubre que no la notificaron oficialmente.

En su contestación, la mujer reclamó una indemnización de más de 2.000 euros. Según el escrito, Jordi no le habría informado ninguna de las subidas del alquiler aplicadas desde 2021, incrementos que -asegura el propietario- se realizaron conforme al IPC y dentro de la legalidad.

El procedimiento se encuentra actualmente en la fase de valoración de la vulnerabilidad de la inquilina.

“El problema es que los servicios sociales no comprueban absolutamente nada. Nadie ha ido a mi piso a ver cuánta gente vive allí, ni a revisar la factura de la luz o del agua. Tampoco han comprobado que ella tiene trabajo y cobra, probablemente, unos 2.000 euros, y que convive con su nueva pareja, que también tiene empleo”, critica Jordi.

Ciutat de la Justicia EUROPA PRESS

Ahora deberán esperar hasta febrero, cuando se celebrará la vista si no se produce ningún retraso, y se prevé que el lanzamiento pueda producirse hacia el mes de mayo.

Aun así, todo dependerá de si el Gobierno de España prorroga el Real Decreto-ley 11/2020, aprobado durante la pandemia, que permite paralizar los desahucios de inquilinos considerados vulnerables, incluso cuando existe una orden judicial de desahucio.

Alquilar o no

"Si consigo recuperar el piso no sé qué voy a hacer. Ya no quiero alquilarlo a personas que no tengan una solvencia económica mínima ni a familias con hijos pequeños", afirma.

"Además, probablemente se me quitarán las ganas de volver a alquilarlo cuando vea el estado en el que está. Sé que el parqué está destrozado porque tienen un perro que no sale nunca de casa y que hace todas sus necesidades allí", lamenta.

Jordi explica que tanto él como su familia han sufrido también perjuicios psicológicos por la incertidumbre que les ha provocado la situación durante los últimos dos años.

"Yo he sido inquilino y estoy de acuerdo con las zonas tensionadas y con que exista seguridad jurídica para ambas partes, pero lo que no puede hacer el Gobierno es que, por ayudar a unos, perjudique a otros", denuncia.