Examen médico en imagen de archivo
El Gobierno plantea que los trabajadores pasen un examen médico al ser contratados, según la ley de prevención de riesgos laborales
Esta iniciativa llega tras el acuerdo firmado el 10 de febrero con CCOO y UGT, sin el respaldo de la patronal
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El Ministerio de Trabajo ha presentado un borrador de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con fecha del 16 de marzo de 2026, que busca reforzar la protección de la salud de los empleados desde el inicio de la relación laboral.
El texto, que está en audiencia pública, propone ampliar la vigilancia sanitaria, reconocer los riesgos psicosociales y crear la figura de los agentes territoriales de prevención.
Esta iniciativa llega tras el acuerdo firmado el 10 de febrero con CCOO y UGT, sin el respaldo de la patronal.
Uno de los cambios que más ha llamado la atención es la obligación de realizar exámenes médicos al inicio del empleo. Según el borrador, la empresa deberá garantizar la vigilancia de la salud física y mental de los trabajadores al incorporarse, de forma periódica y también tras ausencias prolongadas por motivos de salud.
Qué implica para los empleados
El nuevo artículo 22 pretende trasladar la prevención al inicio y desarrollo del trabajo, y no solo reaccionar ante problemas. La empresa recibiría información que permita adaptar el puesto en casos de reincorporación tras bajas prolongadas, definidas generalmente a partir de seis meses de ausencia. El objetivo es facilitar la vuelta al trabajo y prevenir daños antes de que se cronifiquen.
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Aunque el reconocimiento médico será obligatorio en determinados casos, el borrador establece límites similares a la ley actual: solo se podrá exigir sin consentimiento cuando sea imprescindible para evaluar los efectos del trabajo o comprobar si la salud del trabajador supone un riesgo justificado.
Salud mental y riesgos psicosociales
El proyecto incorpora los riesgos psicosociales, la violencia y el acoso laboral dentro del ámbito preventivo. Estas evaluaciones se vinculan con la planificación de la prevención y la futura aprobación de un reglamento específico en el plazo de un año desde la entrada en vigor.
Además, se introduce la perspectiva de género y edad, de manera que la prevención tendrá en cuenta diferencias biológicas, antropométricas y de exposición desigual a los riesgos en el lugar de trabajo.
Medidas para pymes y agentes territoriales
El borrador crea la figura de los agentes territoriales de prevención, dirigidos a empresas con menos de diez empleados que carezcan de representación legal. Estos agentes, designados por las comunidades autónomas a través de organizaciones sindicales y empresariales, podrán visitar centros, revisar documentación y sugerir mejoras, además de alertar sobre riesgos graves a los órganos técnicos.
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También se prevé bonificar la formación obligatoria en prevención en estas pequeñas empresas y establecer reducciones de sanciones por pago anticipado y renuncia a recurrir, exceptuando casos vinculados con accidentes o enfermedades laborales.
Plazos y entrada en vigor
La reforma no será inmediata. La disposición final quinta del borrador fija la entrada en vigor para el 2 de enero de 2027, aunque varios apartados del reglamento podrían retrasarse hasta seis meses o un año más, aplicándose por fases, como ocurrió con la reforma de los subsidios.
En cualquier caso, aunque todavía no es ley, la propuesta perfila un cambio significativo en la prevención laboral española, aumentando las obligaciones de las empresas y fortaleciendo la protección de la salud de los trabajadores.
