Pedro Sánchez en una imagen de archivo
Confirmado por el BOE: el Gobierno endurece los costes laborales un 3,1% sin frenar la mala praxis de las empresas
Este recargo, en vigor con efectos desde el 1 de enero, forma parte de la reforma laboral de 2021, impulsada con el objetivo de reducir la temporalidad y la elevada rotación en determinados sectores
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La penalización que deben asumir las empresas por los contratos temporales de menos de 30 días ha vuelto a subir en 2025. Según recoge la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el recargo alcanza ya los 33,62 euros, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al ejercicio anterior.
La actualización llega después de que el Gobierno elevara las bases mínimas de cotización en línea con la subida del salario mínimo, una medida que incrementa el coste laboral para las compañías y que, al mismo tiempo, podría traducirse en una mayor recaudación sin que, por ahora, se aprecien cambios significativos en la precariedad laboral.
Sube la penalización a los contratos más cortos
Este recargo, en vigor con efectos desde el 1 de enero, forma parte de la reforma laboral de 2021, impulsada con el objetivo de reducir la temporalidad y la elevada rotación en determinados sectores.
La cuantía se calcula tomando como referencia la base mínima de cotización diaria, y fue diseñada como una fórmula para desincentivar el uso de contratos de muy corta duración, especialmente aquellos de apenas unos días o pocas semanas.
Dudas sobre su eficacia real
Pese al endurecimiento de la medida, persisten las dudas sobre su impacto real en el mercado laboral. La subida encarece esta práctica, pero no necesariamente la hace inviable para muchas empresas que continúan recurriendo a este tipo de contrataciones.
En actividades como la hostelería o el turismo, donde los picos de actividad son frecuentes, el pago de 33,62 euros adicionales sigue resultando asumible frente al coste de mantener plantillas estables durante periodos de menor demanda.
La temporalidad sigue presente
Los propios datos del Gobierno reflejan que casi un tercio de los contratos firmados en febrero seguían teniendo una duración igual o inferior a un mes, lo que alimenta el debate sobre la efectividad de la medida para combatir la precariedad.
Una camarera en una imagen de archivo
Lejos de corregir por completo esta dinámica, el ajuste abre interrogantes sobre si su principal efecto podría estar más vinculado al aumento de la recaudación que a una transformación estructural del mercado laboral.
Riesgo de menor contratación
Otro de los efectos que se pone sobre la mesa es la posibilidad de que algunas empresas, especialmente aquellas con márgenes ajustados, opten por reducir contrataciones para contener costes.
En este escenario, la medida que pretende aportar mayor estabilidad podría terminar limitando oportunidades laborales, sobre todo en puestos ligados a necesidades puntuales o estacionales.
Los analistas cuestionan el impacto
El analista de mercados Javier Cabrera considera que este tipo de medidas puede acabar perjudicando especialmente a quienes tienen más dificultades para acceder al empleo.
Según apunta, aunque la intención sea reducir la precariedad, el resultado podría ser el contrario: menos contrataciones en trabajos de muy corta duración y una mayor carga de tareas sobre menos empleados.
Un debate abierto en el mercado laboral
Además, los expertos señalan que resulta complicado que un contrato inferior a un mes se transforme en uno de mayor duración, ya que responde, en la mayoría de casos, a necesidades concretas de las empresas y a picos de trabajo en sectores específicos.
La subida del recargo refuerza así la estrategia del Gobierno contra la temporalidad, pero mantiene abierto el debate sobre si realmente logra frenar la mala praxis empresarial o si su alcance continúa siendo limitado.
