La mayoría de las personas sin techo que llevaban dos meses acampadas en la plaza de Catalunya y que han sido desalojadas por el Ayuntamiento de Barcelona han aceptado ser atendidas por los servicios sociales municipales y se las ha ubicado en centros sociales o pensiones, según ha informado el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello (Barcelona en Comú). En total, cuando se ha desalojado el campamento solo seguían instalados en él 15 personas, ya que la mayoría ya habían abandonado el lugar tras anunciarse el desalojo. De estas 15 personas, diez han sido ingresadas en centros de primera acogida y otras dos en pensiones. Las otras cuatro personas han rechazo la ayuda municipal y, posiblemente, continuarán durmiendo en la calle aunque en otro punto de la ciudad.
El fenómeno de las personas sin hogar ha aumentando de forma importante en los últimos cinco meses. Lo ha reconocido Pisarello y también gerente de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Sánchez. Sánchez ha informado de que a fecha de doy se calcula que duermen en la calle “unas cien personas más” que hace un año, cuando se contabilizaron entre 1.000 y 1.100 indigentes sin hogar. Además, a este colectivo hay que sumar las entre 2.200 y 2.300 personas sin recursos que duermen en albergues y centros especializados de la ciudad .
El gerente de Servicios Sociales ha explicado que es “frecuente” que una parte de las personas sin hogar rechace la ayuda municipal y e niegue “a vincularse” con los servicios sociales y, por lo tanto, decline dormir en una pensión o en un albergue municipal. Por este motivo, se han abierto espacios especializados en jóvenes y en pesonas con problemas de salud mental, que son dos de los colectivos más reacios a aceptar la ayuda.
CON TRABAJO PERO SIN TECHO
Jordi Sánchez ha denunciado que el 15% de las personas que pernoctan en equipamientos municipales “tienen trabajo pero su sueldo no les permite sostener financieramente una vivienda”. El responsable de los servicios sociales barceloneses también ha precisado que ninguna persona que ingresa en los centros de acogida es expulsado aunque tenga trabajo o aunque lleve ya más de tres meses siendo atendido, “excepto que existan problemas de convivencia”.