Plaza Universitat
La familia de Cristina, desesperada tras sufrir más de seis años de inquiokupación en el centro de Barcelona: "La rabia y la impotencia son incalculables"
Dejó de pagar antes de la pandemia y desde entonces ha pinchado ruedas, manipulado el suministro eléctrico y los vecinos sospechan que en el piso se realizan actividades ilegales
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La pesadilla de la familia de Cristina empezó el año de la pandemia, pero ya tuvieron el primer susto en 2016.
Hace más de una década que su piso en la Antiga Esquerra de l’Eixample, a 10 minutos de la plaza Universitat de Barcelona, está alquilado, “siempre con precios económicos, por debajo del índice”.
“Nunca hemos sido especuladores. Mis padres compraron tres apartamentos para dejárnoslos en herencia a los hijos y, mientras eran mayores, poder vivir de las rentas, porque ninguno cobraba la pensión”, explica Cristina a Metrópoli.
Su padre, arquitecto, no cotizó a la Seguridad Social --como era habitual entonces en el sector--, sino que pagaba mediante un convenio a la aseguradora del colegio de arquitectos. Su madre, que heredó las tres viviendas y el despacho tras la muerte de su marido, dedicó su vida a cuidar de sus hijos. Con el tiempo, aquel despacho fue transformado en dos viviendas más.
Esta herencia tampoco le salió gratis. La mujer tuvo que abrir una hipoteca para poder hacer frente a todos los impuestos y plusvalías que comportaba poseer cinco pisos en la ciudad.
La Universitat de Barcelona, en la plaza Universitat
Impagos
A mediados de 2016, la inquilina dejó de pagar y la llevaron a juicio por primera vez. Tras la resolución, abonó las cantidades pendientes por orden del juez y la madre de Cristina aceptó que se quedara en el piso, confiando en que había sido un hecho puntual.
Pero cuatro años más tarde volvieron los impagos.
A principios de 2020 solicitaron el desahucio, proceso que quedó congelado con la pandemia y que luego se retrasó más al encadenarse con la huelga de secretarios judiciales.
Huelga de los LAJ en Madrid, en 2023
Eternización del juicio
“Tuvimos la mala suerte de que quien llevaba nuestro caso la siguió escrupulosamente y cuando se reincorporó, el letrado nos dijo que no tuviéramos esperanzas de que fuera rápido: se le habían acumulado muchos casos y el nuestro estaba a la cola”, rememora Cristina.
De hecho, el retraso era tan crítico que el secretario les recomendó que pagaran el soborno que exigía su inquiokupa para abandonar la propiedad.
“Nos negamos por principios. La morosidad es un delito y no queríamos pagar a una persona morosa para que nos devolviera lo que es nuestro”, asevera la afectada.
Aquel 2023, otro factor jugó en perjuicio de la familia de Cristina: el Govern aprobó la rebaja de 10 a cinco viviendas para considerarse gran tenedor, lo que ralentizó el lanzamiento todavía más.
Además, la mujer llamó al Ayuntamiento para declarar que tenía un menor a su cargo y que se encontraba en una situación de vulnerabilidad. “Nadie lo comprobó y, mientras tanto, el lanzamiento se fue prorrogando”, denuncia Cristina. No fue hasta un par de años más tarde que la inquilina se quedó embarazada.
Un cartel de un piso en alquiler en una imagen de archivo
Narcopiso
De la pandemia en adelante también empezaron las quejas y llamadas de vecinos.
Alertaron de que en el apartamento se estarían llevando a cabo actividades ilegales. Cada día, aseguran, entran y salen varias personas, tanto hombres como mujeres. “Creen que es un punto de venta de drogas y prostitución”, asegura Cristina.
En más de una ocasión han acudido los Mossos d'Esquadra, pero los escándalos y las amenazas continúan.
Algunos residentes de la finca han expresado su voluntad de marcharse.
Un coche patrulla de Mossos d'Esquadra
Dos plazas de aparcamiento okupadas
La inquiokupa, además, tiene ocupadas dos plazas de parking en el inmueble. Los vecinos afirman que, al principio, logró alquilar una plaza para guardar un Mercedes de grandes dimensiones.
Como el vehículo era demasiado grande y tenía dificultades para maniobrar, la inquilina rayó y destrozó el vehículo estacionado en la plaza de al lado como amenaza.
Desde aquel episodio, el propietario del coche aparca en la calle por miedo, a la vez que la inquiokupa se ha quedado su plaza, que recientemente usa para aparcar su BMW, según denuncian los residentes de la finca.
En otra ocasión, y como represalia contra uno de los vecinos con los que había tenido un enfrentamiento, la familia asegura que la mujer pinchó las ruedas de todos los vehículos del parking.
Un aparcamiento en una imagen de archivo
Luz manipulada
En 2025, los residentes descubrieron que la inquilina había pinchado la luz. Después de denunciarla, la mujer fue absuelta al alegar que cada mes se reunía con la casera –la madre de Cristina– para abonar tanto el alquiler como los suministros de electricidad.
“Nuevamente, nadie lo comprobó. Mi madre ya hacía un año que había muerto… Imagina la cara que se les quedó a los vecinos cuando se lo conté”, explica.
La madre de Cristina había fallecido en febrero de 2024, después de años de presión y estrés por las dificultades económicas, según relata su hija.
El procedimiento de desahucio quedó finalmente sin una resolución que permitiera recuperar la vivienda y el hermano de Cristina, actual propietario del piso del Eixample, inició un nuevo proceso para recuperar el inmueble.
Viviendas en Barcelona
“Este apartamento es lo único que tiene mi hermano. Ahora vive con nuestra hermana y tampoco tiene un gran sueldo…”, cuenta.
Además, por contrato, los propietarios son los que deben hacerse cargo del agua y los gastos de comunidad. Las facturas, sumadas a los impuestos de sucesiones, el IBI y la plusvalía por heredar el piso, han complicado todavía más la situación financiera del hermano.
Al mismo tiempo, la familia de Cristina ha podido saber que la inquiokupa, pese a las presuntas actividades ilegales que realiza y los dos vehículos de alta gama, es beneficiaria del ingreso mínimo vital, así como del bono social.
“Luego dicen que son vulnerables y no. Vulnerables son las personas como mi madre, que sufren esto”, lamenta Cristina.
“Personas como esta mujer inquiokupa tienen cero empatía y se ven impunes”, critica.
Ciutat de la Justicia
Juicio aplazado
El esperado juicio estaba previsto para el pasado 9 de julio. Sin embargo, por exceso de carga de trabajo, se ha vuelto a suspender sine die.
Como el lanzamiento está previsto para finales de octubre, la familia teme que ambas resoluciones se aplacen.
“Ya serán siete años manteniéndola. Estoy pagando unos impuestos para que la ley me defienda, pero la ley defiende al delincuente. Si yo dejo de pagar a Hacienda, me lo quitarían todo, ¿por qué a ellos no?”, reprocha.
“La rabia, la impotencia y la mala leche ya son incalculables”, añade.
