Después de centenares fotografías para llenar las páginas de la prensa, parece que finalmente el derribo delos centros penitenciarios de la Modelo y de Trinitat Vella va en serio. El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ratificó en el último pleno el convenio firmado con la Generalitat de Catalunya. Con el acuerdo, el Ayuntamiento ganará espacio para nuevos equipamientos municipales en la Esquerra de l'Eixample y un solar, por 5,5 millones de euros, a destinar para vivendas sociales en Trinitat Vella.
“Se trata de un convenio que significa un paso definitivo e histórico”, declaraba convencida la regidora d'Urbanisme, Janet Sanz. Con este acuerdo, “se ordenará el sistema penitenciario” y “se podrán construir las viviendas sociales de la Trinitat”, afirmaba Sanz. El objetivo es que en el segundo semestre de 2018 puedan empezar a trabajar las máquinas.
Más allá de la construcción de estas viviendas para realojados y de protección oficial, el Ayuntamiento cederá a la Generalitat un solar en la Zona Franca para construir una nueva prisión. Instalación que, hoy por hoy, parece quedar en el aire después de las últimas declaraciones emitidas desde el Departament d'Interior.
Críticas de la oposición
Desde CiU acusan a Colau de haber perdido dos años en la materia. Un retraso al que las filas de ERC restan importancia y celebran que “se haya hecho posible lo que parecía imposible”. Por su parte, desde C's Carina Mejías ha puesto de manifiesto que ella “no entiende” la operación urbanística. “¿Qué beneficios sacan los barceloneses de esta operación? ¿Me tengo que creer que van a cumplir el convenio cuando no lo han cumplido antes?”, se cuestionaba.
Retrasos que también ha puesto de manifiesto Alberto Fernández Díaz. “Después de 4 alcaldes y 5 presidentes de la Generalitat, lo que es cierto es que el traslado de la Modelo sigue sin ser una realidad”, apuntaba el líder popular mientras se sumaba al carro de las dudas abierto por Mejías. “¿Por qué tenemos que ceder gratuitamente dos solares y hemos de pagar 5,5 millones en Trinitat, cuando la vivienda la tenía que construir la Generalitat?”. “Encima que no lo construyen ellos, les pagamos”, sentenciaba el edil del Partido Popular.
Por su parte, la CUP – Capgirem Barcelona aplaude que “la situación de los presos se empiece a solucionar, después de estar en unas condiciones infrahumanas”, aunque critica la operación “sirva para reducir la deuda de la Generalitat con el Ayuntamiento”, señalaba su concejal, María José Lecha.