El Ayuntamiento cobró ilegalmente alquileres a vecinos de Bon Pastor

Los vecinos de las casas baratas de Bon Pastor están a la espera de que el Ayuntamiento de Barcelona les devuelva el dinero que les cobró de manera irregular hace un par de años. El asunto se arrastra desde que se puso en marcha la tercera fase del proyecto de remodelación de esta zona del distrito de Sant Andreu.

El problema se generó por el periodo entre la fecha en la que el Ayuntamiento aprobó provisionalmente el proyecto y la de la aprobación definitiva. A partir del momento de la aprobación definitiva del proyecto, el 17 de marzo de 2016, los inquilinos de las viviendas de propiedad municipal pasan a estar en situación conocida como en precario.

Y eso significa, según la jurisprudencia de Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales, que los inquilinos que se encuentran en esa situación pueden usar el bien de manera gratuita hasta que se les obligue a abandonarlo a la conclusión del proyecto.

SIN DERECHO A COBRAR

A partir de ese momento, el propietario, en este caso el Ayuntamiento, no tiene derecho a cobrar el alquiler. Sin embargo, durante varios meses el Patronat Municipal de l'Habitatge, organismo dependiente del consistorio barcelonés, continuó pasando los recibos a los inquilinos, que estos fueron pagando religiosamente.

Edificios en construcción de la tercera fase de remodelación de Bon Pastor/ CR

Una denuncia administrativa de la asociación de vecinos AVIS  puso fin al cobro, aunque por el momento el Ayuntamiento no ha devuelto el dinero a los perjudicados. Hay que tener en cuenta que muchos de los reclamantes son personas de edad avanzada, de hecho algunos de ellos ya han fallecido, y de escasos recursos, por lo que la situación se complica.

Según los cálculos elaborados por los afectados, el total del dinero que el consistorio debería devolverles asciende a unos 120.000 euros, a los que habría que sumar los intereses legales por la demora y el resto de las indemnizaciones por los incumplimientos legales.

ARGUCIA ILEGAL

En un intento de salvar esta situación, desde el consistorio intentaron evitar el pago de las indemnizaciones por medio de una argucia legal. El regidor de Urbanismo, Josep Maria Montaner, optó por elaborar un decreto por el que se alargaba el plazo de exposición pública del proyecto más allá de los dos meses que prevé la legislación.

Eso dejó expuestos los datos personales de los vecinos afectados durante un tiempo superior al permitido y de una manera ilegal. Además de que prolongar el periodo de exposición más allá de los dos meses solo puede hacerse, según marca la ley, si uno de esos meses es el de agosto, inhábil para algunas cuestiones administrativas. Pero no es el caso, ya que la aprobación definitiva del Proyecto de Remodelación de la Fase 3 de las casas baratas del Bon Pastor fue el 17 marzo de 2016, fecha en la que se debería de haber acabado la exposición pública y el cobró de los alquileres a las personas residentes en las viviendas de propiedad municipal.

INFRACCIONES GRAVES

La publicación del decreto provocó, según confirma un portavoz de AVIS, Lluís Fernández, un recurso de los vecinos ante la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) por haber dejado expuestos públicamente datos personales de los residentes en las casas baratas.

El recurso supuso un duro varapalo de la autoridad al Ayuntamiento. La decisión de la APDCAT sirvió para invalidar el decreto elaborado por Montaner y, además, para imponer al consistorio dos sanciones por las infracciones graves generadas por la puesta en marcha del citado decreto.