La líder del grupo municipal Junts per Catalunya en el Ayuntamiento, Elsa Artadi, figura en los informes policiales como una de la las responsables de gestionar los escenarios políticos de Cataluña después del referéndum del 1 de octubre de 2017. Así se indica en un informe realizado por los fiscales Isabel Nevot, Teresa Duerto y Fernando Maldonado fechado el pasado 14 de junio, que fue incorporado hace tres semanas a la causa que se sigue en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
El informe señala textualmente que en el registro de los despachos de Vicepresidencia del Gobierno (efectuado el 20 de septiembre de 2017) “se localizaron trozos de papel rotos en la fotocopiadora que, una vez reconstruidos, se puede observar que son documentos en los que se especifican los escenarios posteriores al referéndum, datados en 14 de septiembre de 2017, encomendándose la coordinación de los mismos para el 2 de octubre a Elsa Artadi y Josep Lluís Salvadó”. Es decir, un miembro de Convergència y uno de ERC eran los encargados de supervisar y coordinar esos escenarios. Artadi era entonces directora general de Coordinación Intrdepartamental del departamento de Presidencia.
Ese registro arrojó alguna luz sobre las maniobras ocultas que el Gobierno catalán estaba realizando en los meses anteriores al referéndum del 1 de octubre de 2017. Así, conforme se desprende de los documentos que obran en el sumario, se grabaron conversaciones entre los protagonistas, como una conversación de la propia Artadi con Salvadó realizada el 31 de agosto de aquel año, en la que planificaron el discurso del entonces presidente Carles Puigdemont en la presentación de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) que iba a tener lugar cuatro días después.
EL PRINCIPAL INSTRUMENTO SECESIONISTA
Esta agencia era uno de los pilares básicos en el caso de que Cataluña se independizara, ya que debería encargarse de recaudar todos los impuestos de los catalanes, sustituyendo a la AEAT española. Lo importante, según ponían de manifiesto los interlocutores, era marcar perfil y visualizar que el Gobierno catalán ya disponía del principal instrumento con el que independizarse, es decir, la estructura de Estado más importante, ya que es la que controlaría la recaudación y los ingresos del nuevo Estado.
Pero no todo era como parecía. En las conversaciones telefónicas grabadas por la Guardia Civil a la cúpula de Vicepresidencia quedó de manifiesto que a Artadi (y, por extensión, al propio presidente) le hurtaban información vital. Salvadó, por ejemplo, hablando con un empleado de su departamento, decía a finales de agosto que las pretendidas “estructuras de Estado” no estaban preparadas para la independencia. “Aquí tenemos el patio de que en el mes de octubre no hay capacidad: ni tenemos control de aduanas, ni tenemos un banco donde meter… resumen: la cosa pinta… no está… está muy verde… entonces, eso cualquier que tenga dos dedos de cerebro lo sabe”, se quejaba Salvadó.
OCULTACIÓN DE INFORMACIÓN
El secretario de Hacienda no se quedaba ahí: “Me da pánico de que si transmitimos las cosas como son en realidad, a Elsa, al presidente y a su entorno, esto lo acaben utilizando para decir: ‘Junqueras no ha preparado al país para que el día 2 de octubre declaremos la independencia’”, se sinceraba Salvadó.
Tras una consulta con Oriol Junqueras, a la sazón vicepresidente del Gobierno, la orden fue clara: “Decid un poco lo que se pueda decir, agenda y algo más… pero el resto, guárdatelo. No todo en absoluto, porque no sabemos qué tratamiento pueden hacer de todo esto”. Y dicho y hecho: Artadi recibió la información con cuentagotas y se le ocultó que la Generalitat no estaba preparada para poner en marcha su Hacienda propia ni nada parecido.
LA ESPÍA DE PUIGDEMONT
El papel de Artadi, sin embargo, no se limitaba a llamadas esporádicas con Salvadó. También tenía una intensa relación con Josep Maria Jové, jefe de gabinete de Junqueras. Además, de las conversaciones entre la cúpula de Vicepresidencia se desprende que la actual concejal de JxCat era la persona de confianza de Puigdemont para supervisar los preparativos del 1 de octubre, incluyendo las labores que debía realizar ERC.
Ella fue la que consiguió que la ley del referéndum fuese publicada en el Diario Oficial de la Generalitat en un plazo récord para que el Gobierno catalán pudiese enviar urgentemente cartas a los Ayuntamientos reclamando que le abriesen los colegios electorales el 1 de octubre. De ese modo, por el relevante papel que jugó en los preparativos, la Guardia Civil al incluyó como una de las personas más relevantes en la organización del referéndum.