Semana negra para Barcelona: 17 desahucios en sólo dos días

Semana negra en Barcelona para los desahucios. Sólo en Ciutat Meridiana, uno de los barrios más depauperados de la ciudad, donde la renta per cápita se sitúa muy por debajo de la media del resto de la urbe, se produjeron este 9 de octubre siete desalojos, con pocos minutos de diferencia entre unos y otros. El Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu y la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana no dieron abasto. Los desalojos eran en las calles Gordi, Rasos de Peguera, Pedraforca, Perafita (2), Agudes y Vallcivera.

No fueron los únicos desalojos. En la calle Torrent de les Flors hubo otro a primera hora de la mañana, aunque finalmente fue suspendido. Y hay que sumar otros tres desalojos entre las 8.30 y las 10 horas (en las calles Sant Bartomeu, Sant Pacià y Santa Madrona), por lo que una decena de organizaciones vecinales han llamado a la movilización para intentar detener a las comitivas judiciales.

En Poble-sec estaban presvistos este jueves 6 desahucios, promovidos por el fondo Vauras Investment. Se trata de seis familias que viven en un mismo bloque de pisos en la calle de Lleida (conocido como Bloc Llavors) y que no tenían alternativa, pero finalmente se ha parado en el último momento. Se trata del cuarto intento de desalojo del edificio.

CINCO MENORES IMPLICADOS

Los vecinos afirman que la multinacional se negó a negociar y que el Ayuntamiento conoce la situación, pero mira hacia otro lado. Por eso, este miércoles acordaron una maniobra radical: ocupar pisos vacíos del edificio. “En nuestro tercer bloque ya están viviendo 13 personas, cinco de las cuales son menores. Todas ellas, sin alternativa habitacional, padecen las consecuencias de la especulación inmobiliaria que está acabando con los vecinos, los barrios y la ciudad de Barcelona”, dice un comunicado de la Obra Social Barcelona, plataforma de apoyo a vecinos con problemas habitacionales.

Esta plataforma apunta que Vauras Investment “es un fondo finlandés que se dedica fundamentalmente a la promoción de pisos de lujo en Barcelona, el Maresme, Sitges e Ibiza”. En la capital catalana, ha tenido problemas con bloques de pisos de la calle Lleida, Leiva y Paral·lel, además “del pelotazo urbanístico de la fraudulenta Asociación Lumen Dei”.

El fondo buitre había comprado en 2016 un edificio de la calle Xuclà a la organización religiosa, que también vendió otros dos edificios a otra multinacional, Barcelona Real Estate Expertise. La operación significó un intento de desalojo de las religiosas que vivían allí y una querella de casi 300 monjas contra el arzobispo Jesús Sanz, el administrador de la asociación y comisario pontificio de Lumen Dei. El caso fue sobreseído en los tribunales en julio del año pasado.

REFORMAR PISOS PARA SUBIR ALQUILER

En el Bloc Llavors de la calle Lleida, el último conflicto de Vauras, no se han renovado los contratos de alquiler para forzar el vaciado y ahora, según los vecinos, “se están reformando los pisos para subir los precios, especular con su valor y desplazar a los vecinos sustituyéndolos por rentas más elevadas o por turistas”.

En el barrio del Poble-sec se perdieron “más de 1.200 viviendas desde el 2010”. Algunas de ellas fueron reconvertidas en apartamentos turísticos y en los dos últimos años, el precio de los alquileres ha subido una media del 20%: se pagan unos 750 euros por un apartamento de 57 metros cuadrados.

Las asociaciones vecinales han comenzado también una campaña contra el fondo buitre Talismán Capital, que el pasado mes de marzo compró 433 inmuebles a la Sareb, el banco público del Estado. Según las entidades vecinales, el precio medio fue de 40.581 euros “y quieren expulsar a los habitantes para vender cinco veces más caro”.

“Al fondo buitre Talismán, la Sareb le ha vendido pisos a precios irrisorios, muchos de ellos con familias vulnerables viviendo”, denunció este miércoles la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En la misma línea se pronunció el Grup d’Habitatge de Sants, que califica la operación de compra de la vivienda de la Sareb de “estafa”. Esta entidad critica que “el Estado asume las pérdidas de los bancos y privatiza después el beneficio. Estos pisos hubiesen proporcionado un parque público de vivienda para todos”.